Luego del aumento a las gasolinas fueron pocos los que pudieron llamarse beneficiados. Sin embargo los hubo. Entre ellos se encuentran las 32 entidades federativas del país, pues sólo el año pasado la Federación les transfirió más de 26 mil millones de pesos a los gobiernos locales por concepto del impuesto que se aplica a los combustibles.
Este 2017, de igual manera, los beneficiarios principales del gravamen a las gasolinas serán los estados. Para enero de este año la transferencia de recursos fue 9 mil millones de pesos superior a lo previsto.
Por ser parte de la Federación, las entidades tienen derecho a recibir recursos desde la capital del país; estas partidas son incluso su principal fuente de ingresos. Pero también pueden cobrar impuestos, facultad que ha sido poco utilizada hasta ahora.
Para la mayoría de los gobiernos estatales es fácil esperar a recibir los recursos de la Federación, gastarlos y olvidarse de mejorar la recaudación local. Si hay alza de impuestos a nivel federal, poco importará el enojo y malestar social que se genere, pues las arcas estatales tienen asegurada su bonanza.
Aunque los impuestos más importantes los opera el gobierno federal (al consumo y al ingreso, entre muchos otros) se puede comenzar por el buen cobro de predial pues, como informa hoy este diario, mientras la Ciudad de México y Quintana Roo tienen la recaudación per cápita por cobro de agua y predial más alta del país —por arriba de 2 mil pesos—, en Tlaxcala, Tabasco y Oaxaca el promedio está por debajo de los 200 pesos.
El cobro del impuesto predial en el país representa apenas 1% del producto interno bruto, mientras en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el promedio es de 3%. Puede haber más opciones (impuesto a nóminas o al hospedaje son los más socorridos), pero faltan visión e interés de elevar los ingresos vía impuestos.
La postura más cómoda para cualquier gobernador es esperar la llegada de recursos del centro sin preocuparse por la captación local, a pesar de que los recursos extras podrían utilizarse para el mejoramiento de los servicios urbanos, una de las principales demandas de la población.
Está en manos de los gobiernos, proponer un mayor cobro de impuestos a la ciudadanía y devolvérselos en obras que proporcionen una mejor calidad de vida. El círculo virtuoso tiene que completarse con la transparencia y rendición de cuentas. La apertura oficial para mostrar un correcto uso de los recursos es condición insalvable si se quiere elevar la recaudación. Esa debe ser la fórmula.
