En el delito de extorsión generalmente no hay disparos, sangre ni lesionados. Por medio de engaños, la víctima entrega dinero o pertenencias para que algún familiar “no sufra daño” o para recoger “un premio” del cual se hizo acreedor.
EL UNIVERSAL publica hoy que durante 17 meses el promedio de denuncias de extorsiones fue de ocho por hora; para alcanzar ese índice tuvo que haber existido un ejército de delincuentes pegado a aparatos telefónicos durante varias horas al día. De manera sorprendente el grueso de ese ejército se ha encontrado casi siempre al alcance de la justicia: dentro de las cárceles del país.
Aunque entre 2013 y 2016 la extorsión se redujo 36% a nivel nacional, el índice podría ser mayor porque existe una cifra negra de casos no denunciados.
La característica de este delito haría pensar que su eliminación o drástica reducción es materia sencilla. Sin embargo, a pesar de que los casos de extorsiones tienen al menos una década en el país, apenas el 30 de septiembre pasado entró en vigor la disposición técnica que contiene las especificaciones y requerimientos de los equipos de bloqueo de señales de telefonía celular dentro de centros de readaptación social, y se dan 24 meses para la adecuación técnica de los reclusorios.
Ese tipo de delitos usualmente está vinculado al tráfico de datos, pueden marcar al azar pero para ellos siempre será mejor conocer nombres y más detalles de sus víctimas; el tráfico de datos personales por internet alimenta al delito. Es común que de manera previa las bandas llamen a números para solicitar nombres e información haciéndose pasar por empleados bancarios o de compañías telefónicas.
Datos del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos señalan que entre 2001 y 2015 las extorsiones telefónicas han dejado más de mil 350 millones de pesos a las bandas delictivas y que 52% de los aparatos utilizados tenían números de la capital del país.
Es cierto que la ingenuidad de la víctima es fundamental para la consumación de la extorsión, confían en engancharla por medio de palabras ofensivas y de falsos familiares llorando y pidiendo auxilio, pero el origen del delito es la colusión de la autoridad al permitir el ingreso de teléfonos celulares a prisiones y al solapar la realización de llamadas desde el interior de dormitorios o de los patios carcelarios. Hay una corresponsabilidad de la autoridad, sea por omisión o complicidad.
Este como otros ilícitos pueden desaparecer o reducirse a su mínima expresión si tan solo en este país la corrupción disminuyera o fuera sancionada de manera ejemplar.