En la semana que termina un párrafo del artículo 21 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México causó encendidos reclamos. El texto alusivo enuncia: “Los incrementos en el valor del suelo, derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad”.
Distintas voces alertaron en el sentido de que el gobierno capitalino pretendía quedarse con una tajada —vía impuesto— del incremento que adquiriera un inmueble con el paso del tiempo. Que si una persona adquiere hoy una vivienda en un millón de pesos y, en 10 años, duplica o triplica su valor, esta riqueza iría a dar a las arcas del gobierno y no a las del propietario.
El rechazo fue tal que el gobierno de la ciudad tuvo que sugerir modificaciones al proyecto de Constitución (las cuales se adoptaron ayer), con el fin de que eliminar la creciente incertidumbre ciudadana sobre la eventual confiscación de la plusvalía de las propiedades.
En defensa del artículo 21 se dijo que el gravamen se cobraría sólo a las grandes inmobiliarias. Sin embargo, el tema se dejó crecer y la explicación se dio de manera tardía. Una vez más, un asunto de aparente irrelevancia sale a la luz por la alerta de organizaciones ciudadanas y de medios de comunicación. De no haber sido así, casos como modificaciones al derecho de réplica, a la ley de archivos, a la designación del fiscal general e incluso el otorgamiento de bonos secretos para los diputados, habrían pasado de noche, sin hacerse visibles.
Probablemente falló la comunicación para explicar la verdadera intención de incluir el citado artículo en el proyecto de Constitución, pero las formas no ayudan a dar confianza al ciudadano, sino todo lo contrario. La aprobación, al mismo tiempo, de modificaciones a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México para incorporar un apartado en el sentido de que “el Gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías, generadas por las acciones urbanísticas”, sólo sirvió para aumentar las dudas. Ayer, también tuvo que darse marcha atrás en esta modificación.
No se trata de desaprobar a priori las propuestas, sino de que se informe debidamente el objetivo de la medida. Nunca dejarán buena impresión aquellas acciones que se tomen de manera vertical, sin difundirlas y sin haber sido suficientemente discutidas.
Es gratificante saber que el país cuenta con organizaciones sociales fuertes que sirven de contrapeso real ante decisiones poco claras de la autoridad.
