A las turbulencias políticas y económicas vividas en el año que termina se suma el anuncio del alza de precios de la gasolina y diésel a partir de enero de 2017. Se trata de una de las consecuencias previsibles de la reforma energética, aprobada entre 2013 y 2014, que permitió la entrada de nuevos competidores en la industria y que tendrá impacto directo en el bolsillo de los mexicanos desde el mes próximo.
La decisión hace ver más complejo el panorama económico de nuestro país. El peso se ha depreciado un 17 por ciento en 2016, el Banco de México aumentó sus tasas de interés, las expectativas de crecimiento del PIB para el próximo año continúan a la baja y el aumento en el precio de los combustibles aparejará un aumento en la inflación, según las expectativas de expertos.
El gobierno federal enfrenta además a una opinión pública lastimada, puesto que ante las reformas estructurales ofrecen beneficios de largo plazo, pero en lo inmediato la estabilización en los precios de los combustibles parece todavía lejana. Si la liberalización de los precios de gasolina y diésel era esperado, al parecer la comunicación institucional no alcanzó para sensibilizar a los mexicanos al respecto. Es complejo explicar la necesidad para las finanzas públicas de equiparar precios a costos de producción; en cambio, es muy sencillo entender que un tanque lleno es ahora más caro que antes.
Pemex admitió problemas de desabasto en algunas regiones del país, que atribuyó a problemas técnicos y meteorológicos. Los datos de la empresa revelan una menor producción en los últimos meses de este año.
El alza de los precios, aunado al desabasto registrado en distintas zonas del país, han disparado las compras de pánico de combustibles. En varios estados hay filas de automóviles esperando por cargar gasolina o diésel frente a la incertidumbre que impera, además de que se sabe que a partir de enero el precio fluctuará según la región del país en la que viva el consumidor.
La reforma energética previó situar a los combustibles mexicanos a precio de mercado internacional en un momento en el que la industria petrolera dejó de ser la mina de oro de antes. La carga para las finanzas públicas de mantener una estructura laboral pesada es un reto que no terminará con la liberalización de los precios de los hidrocarburos.
En ese contexto prevalece también la incertidumbre generalizada ante lo que ocurrirá en 2017. Los cambios en el sector energético eran impostergables, pero cabe preguntar si la ruta de transición al nuevo modelo tiene espacio para más alivios frente al entorno económico turbulento que vivimos.
