El pleno de la Corte tiene programada hoy la discusión de un proyecto de sentencia para resolver acciones de inconstitucionalidad contra la Ley sobre el Derecho de Réplica. Este derecho ya existe en México, toda persona puede ejercerlo ante información inexacta o falsa que se haya difundido y le cause un agravio; la propuesta de resolución del ministro ponente plantea eliminar las palabras inexacta o falsa.
De aprobarse, daría entrada a un modelo que ya opera en otras partes de América Latina y que ha sido utilizado para ejercer abusos, de los cuales ha dado cuenta la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a mil 300 medios de comunicación.
No está a discusión que cualquier persona aludida también tiene el derecho de expresar su punto de vista. El riesgo que se abre, de desaparecer las palabras inexacta o falsa de la normatividad actual, es, primero, que cualquier persona o entidad que se sienta ofendida o agraviada exija réplica y los medios de comunicación se vean obligados a ceder más espacio por la sencilla razón de que al aludido no le parezca que cierto tipo de asuntos se ventilen en la opinión pública y, segundo, que personajes o agrupaciones con poder económico estén dispuestos a entablar procesos judiciales contra la información publicada (aunque sea cierta) por el hecho de sentirse agraviados.
Difícilmente los medios podrán destinar recursos para procedimientos judiciales; la mayoría seguramente no. La judicialización de la libertad de expresión es el riesgo que se corre. Muchos preferirán dejar de publicar información contra cierta persona o entidad antes que gastar recursos económicos en líos ante juzgados.
La propuesta de sentencia ha originado la reacción de especialistas, académicos, periodistas, legisladores, defensores de la libertad de expresión, grupos de medios, organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeros, quienes han advertido sobre las consecuencias del modelo a discusión. Los ministros deben ser sensibles a los riesgos que las distintas voces han planteado.
Cuando los ministros de la Suprema Corte tengan que decidir sobre la inconstitucionalidad de la Ley del Derecho de Réplica —promovida por dos partidos: PRD y Morena— deberán pensar antes en el beneficio de la mayorías que en el de unos cuantos. Entre sus funciones, los medios de comunicación en sociedades libres representan un contrapeso a las arbitrariedades que se gestan desde el poder. Esa función no debe ser disminuida.