Hoy, como hace 200 años, concebimos al Estado moderno a partir de sus consabidos principios de unidad y de separación de poderes. Es un concepto bien definido.
El Estado se estructura de esa manera a fin de no caer en sus patologías o desviaciones más conocidas. En México conocemos de esas enfermedades políticas y hemos aprendido a evitarlas, precisamente levantando un Estado sólido, basado en el Derecho y en la soberanía popular.
Derecho y política son binomio inseparable en la formación e información del Estado. Ya se dijo para dramatizar esto, que política sin Derecho, es como navegar sin brújula; pero Derecho sin política, es como navegar sin agua.
Coordinar y conducir la política interior de un Tribunal Superior de Justicia es cuestión mayor. Una conducción sabia y prudente termina por garantizar la paz y consolidando proyectos nunca antes vistos en nuestra nación.
Sólo la comunicación clara, la comprensión y entendimiento cabal entre unos y otros nos permite conocernos y reconocernos en la espesa red de un Estado moderno.
Es preciso que en estos momentos aprendamos a dialogar para entendernos. La confianza y credibilidad de la función judicial es motor indispensable para la salud de la República, y la decisión de mantenerla así es únicamente nuestra.
Soberanamente, hemos de asumir nuestro compromiso con la justicia, con la reforma mexicana emprendida, con todos sus alcances y efectos; no seremos nosotros los que podamos estar en falta. De ese tamaño debe ser nuestro compromiso.
Y este compromiso requiere de nosotros seguir peleando varios problemas que todavía nos acosan y de no atacarlos seguirán acosándonos como una plaga. Son dos los temas centrales que, aunque se encuentran entrelazados pero distinguibles, resolverlos resulta vital para nuestra existencia y pleno funcionamiento: la autonomía presupuestal y financiera y la democratización del Poder Judicial.
Ya no podemos seguir bajo la sospecha añeja del viejo dicho: “el que paga manda”. Debemos mandar nosotros en nuestras vidas soberanas e independientes.
Para seguirlo haciendo debemos concretar una fórmula de corresponsabilidad en el gobierno, donde el gobierno federal y el de los estados convengan un mecanismo que haga llegar los recursos necesarios a los tribunales para sufragar los gastos. No queremos ver tribunales con actividades suspendidas, cerrándole la puerta a la justicia, por falta de recursos como ya se dieron los casos de Guerrero y Michoacán.
Como parte de la democratización de nuestro Poder y su independiente funcionamiento, debemos garantizar un procedimiento a través del cual, el Consejo de la Judicatura y el pleno de magistrados puedan decidir sobre la sustitución del personal judicial, sin que dichas decisiones sean impugnables; que no sean decididas por un juez federal que resuelva en contra de los intereses de los tribunales locales que conocen y reconocen su situación y circunstancia y aquellos son ajenos a ésta.
México merece un Tribunal sin ataduras políticas, sin anclas formalistas que nos detengan, requiere fluir para enfrentar los cambios estructurales y sustantivos que tenemos enfrente. Requerimos un Tribunal que sepa estar a la altura de los reclamos sociales.
Sólo Poderes Judiciales confiables, autónomos y firmes darán a nuestra nación las respuestas justas que anhela y espera el pueblo de México. Seamos, todos, los 79 magistrados, conscientes de ello. No es un juego, ni un simple debate. Es la decisión más grande por la que estamos atravesando.
Presidente del TSJDF
