No importa qué tan grandes sean los océanos que nos dividan, ni las diferencias económicas o sociales que no separen, los problemas de la democracia en el mundo parecen tener los mismos síntomas en todos lados. Uno de ellos es el fenómeno de un populismo político pujante que cada vez gana más adeptos en las distintas regiones del planeta. Escribía hace un par de semanas que la victoria de Macron en Francia daba un respiro a una Europa cada vez más encapsulada en problemas coyunturales para la democracia, como la migración y la crisis económica, que en el rescate de la democracia misma (la educación, la participación igualitaria, el debate). Esos no deberían ser problemas que pusieran en jaque a las instituciones democráticas de los países en el mundo y, mucho menos, deberían de empujar a la reducción de derechos de las personas en aras del orden y la seguridad.
Lo cierto es, que el discurso que se maneja desde las nuevas corrientes políticas corre, precisamente, por esas vías: cerrar fronteras, levantar muros, clausurar derechos laborales a extranjeros, reforzar la perspectiva de la otredad, etc. Con esos recursos discursivos encuentran enemigos a los que se les puede achacar todos los males sociales y ahorrar otra clase de esfuerzos políticos y sociales. Esta clase de medidas, sin lugar a dudas, no sólo afectan el sano desarrollo de las instituciones republicanas en general, sino que terminan por minar a una de las más representativas de esta clase de sistemas políticos: el Poder Judicial.
Los políticos que se inscriben bajo estas premisas, que han originado al denominado populismo, advierten en los jueces la primera amenaza para sus proyectos. Pues son los jueces, los que en una democracia restablecen derechos, clausuran medidas que afecten a las personas y establecen límites al actuar político y jurídico. Por supuesto, esto representa una amenaza latente para aquellos quienes pretenden soslayar la importancia de los individuos sobre las naciones, los derechos individuales sobre los colectivos y las libertades individuales sobre la seguridad nacional.
Existen varias formas de someter a los Poderes Judiciales desde la política. Desde las más atrevidas o groseras, como la disolución de los tribunales o la amenaza velada hacia los jueces. Pero también existen otras mucho más finas que se encuentran escondidas o camufladas en reformas jurídicas y en acuerdos políticos que se presentan como de avanzada.
Ejemplos de la primera clase existen varios en la actualidad. Pienso en las recientes amenazas de Trump a los jueces federales norteamericanos a propósito de un fallo judicial que iba en contra de sus medidas anti-inmigración, o las de Maduro al cuerpo judicial venezolano en aras de proteger la reforma constitucional y perpetuarse en el poder.
Pero esos ejemplos ya no nos sorprenden, pues ambos personajes son de suyo un paradigma indescifrable para las modernas democracias. Hay ejemplos que muestran la voluntad de someter a los jueces a la política que no son tan velados como estos. En nuestras latitudes podríamos hablar de los pasajes que se refieren al Poder Judicial de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Pero hay un ejemplo más, que resulta sorprendente por los avances significativos que ha tenido su democracia desde que termino su dictadura, y es lo que está sucediendo en España.
Sucede que la Generalitat Catalana ha propuesto un sistema para permitir a funcionarios del Ejecutivo acceder a las bases de datos de Poder Judicial con el fin de “evaluar” el desempeño de sus jueces. Sin embargo, esto implica, como lo ha criticado la Jueza decana Caso, una intromisión flagrante en la actuación judicial y en la independencia del mismo. Cuando únicamente es el Consejo de la Judicatura quien tiene la facultad de hacer esa clase de evaluación, los miembros del ejecutivo se la quieren atribuir. Arguyendo que es por el bien de la judicatura y que sólo pretenden ayudar y eficientar la labor judicial. Lo que cabe preguntarse es: ¿qué sucederá después de que terminen su evaluación?, ¿existirán sanciones?, ¿el Ejecutivo reprimirá a aquellos jueces que no están al día en sus actuaciones? Sea cual sea el resultado de esta evaluación implicará una clase de castigo para los jueces. Ya sea que sólo mencionen que existen jueces que llevan mal sus asuntos, que divulguen que el Poder Judicial no cumple con sus plazos o que todo está en orden, el resultado será el mismo: un señalamiento por parte del poder ejecutivo hacia la labor independiente del judicial. Esto implica, en sí mismo, una intromisión y una sanción injustificada.
Lo he comentado en veces anteriores, pero prefiero la reiteración de las ideas al olvido de las mismas: uno de los únicos pilares que lograrán salvar a la democracia de su crisis, es el poder judicial. Si no lo defendemos y si no lo cuidamos de esta clase de intromisiones, la crisis democrática será, aún, más angustiante en el mundo.
Embajador de México en los Países Bajos
