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El presidente de la Suprema Corte de la República Checa, Pavel Samál, visitó la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia y la Ciudad de México. Fue recibido en el Pleno de magistrados y recorrió nuestras instalaciones, conociendo de temas tan relevantes para todos los Poderes Judiciales del mundo como: la capacitación y selección de los jueces, los juicios orales y nuestros procedimientos, las técnicas científicas para la recabación de pruebas, entre muchos otros temas que conoció del Poder Judicial capitalino. De igual manera, visitó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y pudo conocer muchos proyectos de políticas públicas que el gobierno de la Ciudad está exitosamente encaminando.
La visita resultó sumamente instructiva para ambos países. El ministro Samál, sin duda alguna, se llevó una grata sorpresa sobre el nivel de profesionalismo de nuestros jueces, sobre la cantidad de asuntos de los que conoce este Tribunal, de la infraestructura y de la tecnología con la que ya contamos. De igual manera, quedó sorprendido por el compromiso y el impulso tanto político como financiero que el gobierno de la Ciudad ha dado a nuestro Poder Judicial para que éste pueda llevar a cabo todos sus proyectos. Es digno de mencionarse, pensó el ministro Samál, de que finalmente se apoye a un Poder Judicial económicamente sin que haya intromisión política.
Sé que esto pensó, pues entre muchas de nuestras charlas, un punto que comentamos fue una preocupación, aparentemente no sólo del Poder Judicial de la Ciudad de México, sino de todos los Poderes Judiciales del mundo: la independencia judicial. Al parecer, es un tema que no ha dejado de estar en la mesa de debate político. Pero sin razón de estar ahí, más que el capricho de las fuerzas políticas de poder. Pues en realidad, como sabemos todos, el único medio para poder lograr un verdadero Estado de Derecho y una sólida democracia, es el de contar con jueces independientes. Por ello, y parece claro para todos los jueces cuando sale el tema, que el poder político quiera hacerse de los jueces para no estar sometidos a las leyes del Estado. La cuestión, lo comentábamos el juez Samál y yo, es cuasi-matemática, entre más libres e independientes son los jueces, menos libres de hacer lo que quieran son los políticos. Esto, sin lugar a dudas, genera ásperas actitudes ante la labor jurisdiccional.
Ejemplos de ésto hay muchos. Pensemos en la juez María Lourdes Afiuni en Venezuela, quien fue arrestada por dictar la libertad condicional de un empresario y banquero venezolano, quien, según Chavéz, presidente en aquel entonces, era perjudicial para la Nación. Y por ello, el mismo presidente Chavéz solicitó por la radio y la televisión se le condenara a Afiuni a 30 años de prisión.
Ahora, en sentido contrario, un juez que actuó con completa independencia a pesar de las implicaciones políticas de sus decisiones, fue el fiscal italiano Antonio Di Pietro, quien en 1992 llevó a cabo una serie de procesos judiciales en contra de una red muy amplia de corrupción política. A estos procesos se les conoció en Italia como las “manos limpias”, en las que el juez, debido a los embates de los partidos políticos italianos, pudo condenar y atrapar a los culpables gracias al apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación.
Lo mismo podríamos decir de la reciente actuación de la juez Donnelly en Estados Unidos, quien declaró inconstitucional una orden ejecutiva. Su independencia debilita a la política, la que, en respuesta, ha tratado de debilitarla a ella, acusándola de traidora a la patria.
Cuando el ministro Samál y yo platicábamos de juez a juez sobre estos temas, llego un momento en el que ambos nos encontramos sorprendidos. Todos presumimos de haber llegado a la era de los derechos, a la era de la democracia y del Estado de Derecho y, no obstante, los embates de la política por disolver y reducir la independencia judicial siguen siendo tan vigentes como en los tiempos en que los jueces formaban parte del gobierno central.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
