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Ciertamente, se ha hablado mucho sobre el tema. La relación entre justicia y política no siempre ha sido fácil. No siempre es tersa y no siempre alcanzamos a ver a simple vista las relaciones tan estrechas y las influencias que pueden existir entre una y otra. Por ello, en ocasiones, y con cierto celo jurisdiccional, se habla de que los jueces no tienen y no pueden tener relaciones con la política. Pareciera que los jueces no pueden estar, por regla, cerca de posturas ideológicas o políticas en pro de proteger su labor. Pero esto en una democracia no cobra ningún sentido. Los jueces definitivamente forman parte del Estado y, por ello, forman parte en la construcción de la democracia; un sistema político que tiene ideales específicos y fines políticos claros.
Aunque también es cierto que el papel de los jueces en un Estado democrático es mucho más complejo que bajo otro modelo estatal. Bajo regímenes autoritarios o totalitarios, los jueces tienden a perder su papel de interpretadores de la ley y de contrapeso frente a los otros Poderes, lo que facilita su labor a la repetición mecanizada de la letra de la ley. Bajo esta clase de regímenes, se tiende a someter la independencia y la autonomía judicial en aras de fortalecer el poder del gobierno político. Por ello, y a manera de ejemplo, durante la ilustración y la Revolución Francesa los jueces y el Poder Judicial se veían más como un enemigo que como un aliado, pues era difícil pensar que los jueces que habían servido a la corona, ahora derrocada, fueran los mismos que aplicaran e interpretaran las leyes emitidas por los cánones de la voluntad popular.
Sin embargo, bajo un sistema democrático en el cual se pretende que exista un verdadero equilibrio de poderes, el Poder Judicial no sólo desempeña un papel crucial como equilibrador de los ejercicios de poder, sino que se constituye como una fuente de poder político más. Empero, su poder no recae en el uso de la fuerza, ni en la creación de las normas de convivencia con carácter obligatorio, sino que su poder, para ser legítimo en una democracia, requiere únicamente del peso de la razón. De que sus decisiones sean correctas desde el punto de vista del Derecho y desde el punto de vista de los principios democráticos.
En ese entendido, los jueces en una democracia no requieren del reconocimiento popular, como los legisladores o los gobernadores, para ser legítimos, sino que su legitimidad es proveída a través de sus resoluciones. Los jueces de una democracia tienen tres límites que deben respetar para decidir correctamente: el Derecho, los principios de la democracia y la razón. Por ello, si lo que buscamos en la actualidad es la fuente que legitima a los jueces, no debemos buscar en fórmulas que pretendan dotar a los jueces del sufragio popular, sino que los esfuerzos deben estar encaminados a hacer los procesos de ingreso más selectivos, pero a la vez más transparentes. La capacitación de jueces menos centrada en los contenidos de la ley y más estricta en los métodos de interpretación y argumentación: crear ‘jueces’ no abogados. Al tiempo de dar a conocer con mayor publicidad las sentencias de los tribunales en lenguaje claro y llano.
Esta fórmula garantizará la fuente de legitimidad judicial. La que no necesariamente se garantizaría por medio del sufragio universal o de la elección judicial por parte de representantes populares. La relación entre justicia y política no es por esa vía, es por vía de la razón y del Derecho.
Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México
