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Las propuestas para la nueva Constitución de la Ciudad de México no se han hecho esperar. Basta con leer las editoriales de los diarios para darnos cuenta de que al menos uno de cinco o dos de seis contemplan algún tema relativo con los contenidos que debe tener, con la estructura que debe guardar, o con la pureza que ha de mantener la próxima Constitución. No es para menos, en algún sentido la Constitución de la Ciudad de México será un documento paradigmático en muchos sentidos: será la Constitución más nueva en nuestro país; será una Constitución marcada por un cambio sustantivo en el ámbito de justicia y de los derechos humanos y, nada más y nada menos, será la Constitución de la capital de la nación.
Desde el ámbito de la Judicatura de la Ciudad, las propuestas para la Constitución ya se están comenzando a formalizar con la representación de los magistrados dentro de los procesos del Constituyente. No obstante cuáles sean las formulas jurídicas y los principios que se decidan plasmar en la Carta Política de nuestra Ciudad, creo conveniente considerar una perspectiva sobre la Judicatura que sea más moderna y apegada a las nuevas necesidades de nuestra Ciudad y de los nuevos paradigmas de justicia en México.
Tradicionalmente consideramos que el Poder Judicial sólo tiene impacto en un ámbito de nuestra vida nacional: el jurídico. Es decir, se suele pensar que el Poder Judicial únicamente impacta en el sistema jurídico positivo. Impacto que genera a través de sus sentencias, de sus criterios jurisprudenciales, a través de sus criterios interpretativos y a través de la forma en la que los juzgadores van moldeando el Derecho in abstracto en los casos que cada juez enfrenta in concreto.
Sin embargo, este no es el único ámbito en el que el Poder Judicial tiene un impacto directo y debemos saber comprender bien todas las facetas en las que la labor judicial tiene injerencia. Tengamos en cuenta que el Poder Judicial tiene otros dos ámbitos, además del jurídico, en los que su labor impacta considerablemente: el político y el económico.
El papel de los jueces en la vida democrática del país siempre ha sido importante: su labor de contrapeso frente a los otros poderes de la Unión y erigirse como el protector de la legalidad, son rasgos característicos de su importante labor. Pero ha sido en años recientes en los que su labor como protector de la democracia ha comenzado a ser destacable. Los jueces y magistrados locales, vía el control de constitucionalidad difuso y la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos, se han convertido en protectores directos de la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Y su deber es el de asegurarse que la ciudadanía se sienta confiada y cercana a la judicatura mediante esa protección. Nada más democrático puede haber que confiar en las instituciones que imparten justicia.
Pero eso es en cuanto a la legitimidad del Poder Judicial, sin embargo, su eficacia tiene un impacto sumamente importante en la economía nacional. Cuánto duran los juicios, cuál es su capacidad de mediar o de conciliar asuntos sin tener que llegar a una sentencia, su capacidad para ejecutar las sentencias dictadas, son elementos que se miden continuamente por los organismos internacionales para recomendar a las empresas invertir en nuestro país. Es decir, entre más confiables son los procedimientos, más eficaces y más sentencias sean ejecutadas, más atractivo es nuestro país para la inversión extranjera.
Si tomamos en cuenta estos tres elementos, tendremos como resultado que la nueva Constitución de la Ciudad no puede obviar la necesidad de una estructura judicial más eficiente, con mecanismos administrativos más ágiles y criterios que redunden en mejores sentencias e interpretaciones jurídicas como sería la selección de jueces. Todo ello tiene que ver con algo que se tiende a olvidar: una verdadera estructura de gobierno judicial. Es éste el que emplea los mecanismos institucionales que facilitarán la democratización de la Judicatura. Independientemente de que los jueces sean autónomos y su labor sea puramente jurisdiccional, debe haber una organización de gobierno clara y determinada que garantice, entre otras cosas, esa misma autonomía; todo, por supuesto, en abono para la democracia mexicana.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
