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En repetidas ocasiones he dicho que los jueces ya no pueden confiarse con saber lo que dice la ley. La perspectiva que defiende la idea de que los jueces únicamente deben saber lo que dice el Derecho y que su labor está en apegarse a la letra de la ley, ya no funcionará bajo los estándares normativos del nuevo sistema de justicia. Esto no quiere decir, como podrían interpretar algunos, que los jueces no tienen que saber lo que dice el Derecho, por el contrario, deben saber lo que dice el Derecho, pero también deben saber mucho más de lo que estrictamente estipula el Derecho.
Ya no es suficiente que los jueces se reduzcan a ser funcionarios de la ley. El papel de los jueces bajo el nuevo paradigma de justicia requiere mucho más de ellos. Son, junto con otros actores políticos, los forjadores de la democracia y del Estado de derecho. Deben comenzar a verse como piezas clave para la construcción de un modelo liberal de Estado: protector de derechos y libertades. La vieja y multicitada frase de Montesquieu de que los “jueces deben ser la boca del legislador” fue pieza clave para construir una filosofía, ahora anquilosada y rebasada que en mucho ayudó a que los jueces fueran vistos de esa manera, que hemos denominado como: formalismo.
El formalismo jurídico ha tenido muchos vicios, pero ha sido uno de ellos el que más daño ha hecho y el que más daño podría hacer ahora: el fomentar una visión acrítica del Derecho. Esto es, cultivar esa perspectiva que reduce la idea de “lo justo” al mero cumplimiento de la ley. Esa perspectiva es la que genera jueces pasivos que son vistos en las sociedades como funcionarios al servicio de los otros dos Poderes. Un servicio indirecto, pero de claro sometimiento político. El gobierno judicial, de acuerdo con esta perspectiva formalista, se reduce al mantenimiento gerencial de las instalaciones que albergan a los juzgados y diversas oficinas judiciales. El presidente y los consejeros de la Judicatura resultan ser conserjes preocupados por la pintura en las paredes y por la reparación del equipo de trabajo y no como un eslabón indispensable para la construcción de políticas judiciales óptimas para garantizar los nuevos requerimientos del Derecho y la justicia. La labor jurisdiccional, entonces, se reduce a la maquila de sentencias y el gobierno judicial no es el vehículo de crítica y debate sobre las normas del sistema que debe ser, sino que asume las del sistema que es como dogma; se somete sin reflexión crítica mediante.
Hablar de jueces en el México de hoy, no es únicamente hablar de la aplicación mecánica de normas jurídicas. Es hablar de criterios de racionalidad, de estrategias argumentativas, es hablar del rol que tienen que desempeñar las partes y de la clase de procedimientos que deseamos. Es hablar del primer eslabón de la justicia bajo nuestra nueva concepción del Derecho. Cuando digo que los jueces ya no deben confiarse con conocer el Derecho, quiero decir que los jueces deben cambiar tanto, o más, de lo que el sistema está cambiando ya.
Presidente del TSJDF
