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El reciente protagonismo de esa comisión regional en asuntos de gran relevancia nacional, ha despertado no sólo la curiosidad de la población por saber de qué se trata ese organismo multilateral, sino también con qué legitimidad política y autoridad técnica formula informes, conclusiones y recomendaciones al Estado mexicano.
Creada en 1959 por resolución de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile, esa comisión —con sede en Washington DC— es una de las dos entidades que conforman, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el llamado Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
Como órgano intermedio entre ese tribunal regional, las personas individualmente consideradas y los Estados parte de la Organización de los Estados Americanos, su principal función es “promover la observancia y defensa de los derechos humanos” contenidos en la convención americana de la materia, para lo que emite recomendaciones no vinculantes.
Precisamente por ese rol persuasivo, que no pocas veces se ha tildado de político, la Comisión Interamericana ha sido objeto de un sinnúmero de críticas, tanto por pertenecer a un modelo ya superado en otras latitudes del planeta, como por su ambigüedad técnica y sus censurables vínculos de dependencia económica que ponen en entredicho su integridad e imparcialidad.
Ya en 1998 desapareció en Europa su comisión homóloga al considerarse inconveniente como filtro político, precisamente ante toda demanda que se presentaba al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que sus ciudadanos quedaron en aptitud de acudir directamente a esta corte regional, que hoy goza de gran prestigio técnico y de indiscuti-ble ejecutividad en sus resoluciones.
Países como Ecuador, Bolivia y Brasil también han cuestionado a la Comisión Interamericana, ya que no todos los miembros de la Organización de Estados Americanos han aceptado su competencia, señaladamente Canadá y Estados Unidos, que son —paradójica e inexplicablemente— su principal fuente de financiación y quienes más, por cierto, promueven a candidatos a comisionados.
Si bien es verdad que los comisionados son electos finalmente por su cualificación técnica y personal, también lo es que la propuesta y apoyo para su elección proviene regularmente de su país de origen, en el cual además residen y normalmente continúan sus carreras profesionales. Al respecto, cabe señalar que el comisionado relator para México es justamente estadounidense.
Otra realidad es que los recursos económicos de la Comisión Interamericana no le permiten cubrir su creciente demanda de servicios, por lo que ha tenido que buscar financiamiento por diversas vías, a la par de justificar su compleja labor político-técnico-jurídica, así como para mantener a expertos técnicos que de otra forma no cobrarían.
También puede suceder que como en Ayotzinapa, comisionados que se encuentran a punto de concluir su mandato, rindan un informe provisional con un gran despliegue en los medios de comunicación, cuando la realidad es que ya no estarán para el informe definitivo, ya que serán sustituidos el próximo enero.
En suma, consideramos que el gobierno y la sociedad mexicanos, junto con la comunidad americana de naciones —al unísono— deben impulsar un nuevo modelo de justicia para garantizar los derechos humanos de la región, que haga factible contar con un sistema similar al europeo, donde las personas puedan acudir a buscar la tutela efectiva, tangible y objetiva, siempre apartados de los vaivenes políticos y de los protagonismos noticiosos.
Indiscutiblemente, desde mediados del siglo XX, el sistema europeo de protección a los derechos humanos ha demostrado ser mucho más efectivo y menos permeable a otro tipo de intereses que el interamericano que se resiste a cambiar en el siglo XXI, por lo que se debería de proponer —ya y ahora— no sólo la desaparición de la Comisión Interamericana, sino la adopción de un modelo enteramente judicial, fuerte, sólido y estable.
Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014
