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El pasado 3 de agosto The Washington Post difundió la conversación sostenida por los presidentes estadounidense y mexicano el pasado 27 de enero, en la cual abordaron estos asuntos bilaterales de gran importancia: la relación comercial, el fenómeno migratorio, la construcción del muro fronterizo y la seguridad pública.
Ambos mandatarios reflejaron no sólo la actual postura de cada país sobre esos rubros, sino también el distinto modo en que históricamente han ejecutado su política exterior y su agenda internacional: uno a partir del más ramplón y oscuro intervencionismo y el otro desde el mayor respeto e igualdad entre soberanías.
Ignorando la naturaleza internacional del problema del narcotráfico, el presidente estadounidense realizó un conjunto de amenazas sobre la delincuencia organizada, las cuales provocaron que el diario norteamericano intentara responder esta áspera cuestión: ¿Puede enviar Trump tropas a México?
El trasnochado empresario transfigurado hoy en bisoño político, sostuvo que los cultivos de la droga en México están creando un infierno en EU, especialmente en Chicago, Los Ángeles y Nueva York, siendo que New Hampshire la ganó, en su carrera como candidato, al ser una guarida infestada de enervantes.
Sentenció que su país se está convirtiendo en una nación adicta a las drogas que proceden desde nuestro país y la frontera sur, de tal manera que los “estamos matando”, con la agravante de que en términos económicos el negocio del narcotráfico incluso produce mayores ganancias que la actividad industrial.
Resaltó que ese problema es común, ya que tenemos sujetos duros que deben ser eliminados y con los cuales nuestro gobierno no ha hecho un buen trabajo, a lo que dijo: “sé que éste es un grupo difícil… su Ejército les tiene miedo, pero nuestro ejército no… les ayudaremos con ese 100 por ciento que está fuera de control”.
Más allá del contexto político en que ese diálogo bilateral tuvo lugar, la realidad es que Trump desconoce no sólo la compleja problemática que abordó, sino también la histórica y profunda cooperación de ambos gobiernos en la lucha contra de delincuencia organizada internacional, la cual ha sido larga, fructífera y eficaz.
Contrariamente, el presidente Peña Nieto, además de recodarle a Trump que el crimen organizado era tanto nuestro enemigo como enemigo de su administración, le exhortó a continuar trabajando juntos, puesto que ese fenómeno es ampliamente secundado con los recursos ilícitos y las armas que provienen de Estados Unidos.
Le recordó que México lleva a cabo una lucha sin cuartel contra las bandas criminales, en la que participan heroica y sacrificadamente sus Fuerzas Armadas, lo cual ha supuesto la lamentable, irreparable y dolorosa pérdida de vidas.
En suma, nuestro Presidente le conminó a “trabajar juntos para eliminar y acabar con esas pandillas”, como el primer sabedor de que ese combate será infructuoso en la medida en que la fuerza operativa, el poder corruptor y la superioridad armamentística resulten indemnes justo allá, en suelo estadounidense.
La realidad es que la delincuencia organizada, dentro o fuera de Norteamérica, debe combatirse a través de múltiples frentes y no solamente mediante el enfrentamiento con grupos armados, tal como lo pretende de modo unilateral y descontextualizado el presidente Trump, equiparándolo con el terrorismo.
Pareciera que Trump quisiera para México un Plan Colombia, el cual —a 18 años de su implementación— no ha acabado ni con el conflicto armado de ese país, ni mitigado el narcotráfico en la región. En cualquier caso, lo que debe hacer nuestro vecino es combatir dentro de su territorio al narcotráfico y tratar las adicciones de su población.
Además, a la par de disminuir el consumo de drogas, desarticular las redes de distribución, impedir la venta de armas de alto poder y desmantelar las estructuras financieras, Estados Unidos debe incorporar una política exterior fundada en la libertad de los pueblos y en los parámetros internacionales contra el crimen organizado trasnacional, como la Convención de Palermo que apalea e ignora.
Consejero de la Judicatura
Federal de 2009 a 2014
