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El disonante comienzo de la era Trump representa para México un insólito contexto, que supondrá enormes desafíos y complejos retos, pero que también conllevará ventajas de mejora y oportunidades de cambio, las cuales eventualmente afianzarán nuestra soberanía y consolidarán nuestro desarrollo.
En esta misma línea, nuestro país pronto tendrá que realizar profundas reformas a su sistema de seguridad y de justicia, precisamente con motivo de la orden ejecutiva que emitió hace pocos días la Casa Blanca, sobre la aplicación de sus leyes contra organizaciones criminales y para prevenir la trata internacional.
Esto se debe a que dicha instrucción adopta un novedoso “enfoque integral” en EU, que busca desmantelar de forma articulada y rotunda, a los grupos criminales transnacionales y a sus organizaciones subsidiarias, incluidos los carteles de la droga.
Así, ese documento marca el inicio de una nueva era, al delinear un conjunto de políticas públicas entrelazadas sobre seguridad nacional, cuya apropiada comprensión resultará esencial para el complejo diálogo que próximamente México deberá entablar como parte de su agenda bilateral.
Destacadamente reconoce que la delincuencia organizada opera en todo su territorio, y, al hacerlo, el gobierno estadounidense acepta por primera vez una verdad que le resultaba difícil asumir por el impacto que ésto supone al estar habituado exclusivamente a guiar, exigir y calificar al resto de países.
Con ello, la citada orden viene a dar por sentado que la lucha contra el crimen organizado no es ajena al principal mercado de consumo de narcóticos, justamente por tratarse de un asunto que no solamente es hemisférico sino global y cuyo auténtico combate es una responsabilidad que comparten todas las naciones.
Admite, de igual modo, que la obtención de enormes ingresos por medio de la realización generalizada de esas conductas ilegales, usualmente está acompañada de actos de violencia y abuso que desprecian la vida, por lo que la delincuencia organizada se cataloga como una amenaza para la seguridad nacional.
Por último, crea un grupo de trabajo que conforman el secretario de Estado, el procurador general, el secretario de Seguridad Nacional y el director de Inteligencia Nacional, cuya función será coordinar los esfuerzos nacionales para investigar, perseguir y desbaratar a las organizaciones criminales.
Frente a esta nueva política estadounidense, evidentemente México no podrá permanecer inmóvil, por lo que deberá incorporar nuevas políticas contra del crimen organizado, comenzado por el establecimiento de la auténtica coordinación y cooperación entre sus distintas dependencias federales y estatales.
Para ello deberá crear la Oficina Nacional para Combatir el Tráfico de Drogas y la Delincuencia Organizada, como la institución nacional que articulará las políticas públicas y los esfuerzos hoy aislados‒ en la materia, además de reformar la ley de extinción de dominio, la cual fue desnaturalizada en el proceso legislativo.
Esa estrategia, con estricto apego a los derechos humanos y alineada a las mejores prácticas de la Convención de Palermo, pondrá a nuestro país a la vanguardia, al disponer de técnicas especiales de investigación, información de inteligencia, investigaciones conjuntas, operaciones relevantes y decomisos reales.
Únicamente de esta manera nuestro país podrá organizar y distinguir la seguridad nacional de la interior, ésta última con la excepcional ayuda y necesaria actuación de las Fuerzas Armadas, bajo un esquema jurídico que defienda y proteja nuestra soberanía e intereses, y que al mismo tiempo otorgue la paz, seguridad y orden que sentidamente reclama nuestra ciudadanía.
Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014
