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A partir del Reporte Estratégico para el Control Internacional de Narcóticos 2017, que emitió recientemente el Departamento de Estado de EU, se ha llegado a cuestionar injustificadamente la verdadera implicación de México en el combate contra la delincuencia organizada trasnacional.
Ese informe da a conocer año con año, el grado de colaboración y el nivel de cumplimiento de un conjunto de países que reciben financiamiento económico y asistencia técnica por parte del gobierno de Estados Unidos. Evidentemente, su vocación doméstica y su naturaleza unilateral, deben conducir a una interpretación limitada, objetiva y prudente de sus resultados, los que pueden llegar a condicionar y a restringir el apoyo que reciben las naciones beneficiarias, amén de su cuestionable metodología.
En este sentido, es importante señalar que con relación a México se desprenden relevantes conclusiones de ese instrumento que conviene mencionar: a) El indiscutible compromiso del gobierno mexicano con la causa; b) el inédito aumento en la producción y trasiego de drogas; y, c) la posible problemática que se derivará del actual contexto geopolítico.
En cuanto a lo primero, el citado documento reconoce que la principal fuente para el surgimiento de la delincuencia organizada, es el propio mercado estadounidense. Que la droga ilegal más utilizada en México sigue siendo la marihuana y que el consumo de heroína aún no es amplio ni representativo, si bien señala que existen indicios de que su uso podría incrementarse en el futuro a lo largo de la frontera norte. Afortunadamente, descarta que el peligroso “fentanilo” se use ya domésticamente.
El reporte también es tajante al exponer que el gobierno mexicano no promueve ni facilita, de ningún modo y bajo ninguna circunstancia, la producción ni la distribución de drogas ilícitas, además de que no se encuentra involucrado en el lavado de dinero proveniente de esa actividad. También afirma que nuestro gobierno trabaja estrechamente con las autoridades norteamericanas contra las drogas y sus precursores, con el decidido apoyo de las Fuerzas Armadas, además de que ha venido reformando sus sistemas penal, policiaco y carcelario.
No obstante, el indicado reporte señala que la producción local de drogas ha crecido en México 140% de 2011 a 2015, al pasar de 250 a 600 toneladas métricas, así como el cultivo de amapola, que en ese periodo creció 130%, con un descenso en marihuana de 8.5%, éste de 2011 a 2014. Igualmente, asevera que casi todos los derivados de opio que se introducen a EU, sean naturales o sintéticos, se cultivan o producen en nuestro país, o bien, se trafican por carteles mexicanos, aunque se produzcan en China.
Por último, si bien reconoce que nuestro país ha decomisado ingentes activos al crimen organizado trasnacional, expone que sigue persistiendo la falta de capacidad ministerial y la carencia de efectividad judicial, circunstancia que se agrava por la corrupción e impunidad y —señaladamente— por la existencia de un marco legal insuficiente.
Lógicamente, el presente escenario se puede agravar para México con la nueva política norteamericana, consistente en deportar a nuestro territorio —en lugar de encarcelarlos— a todos los distribuidores de drogas y, principalmente, al construirse el controvertido muro fronterizo; todo lo cual inundará nuestras ciudades de estupefacientes, justamente al impedir su trasiego.
En ese contexto, México debe estar listo para combatir al narcomenudeo y atacar extensamente el cultivo de enervantes, además de reformar la ley de extinción de dominio y de solicitar la modificación de la Iniciativa Mérida que, bajo su presente esquema, disuade el uso de la vía marítima, lo que únicamente fomenta el tráfico continental, en claro perjuicio para nuestro país.
Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014
