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En una entrevista que se transmitió el domingo pasado por televisión, el presidente Donald Trump señaló que los cárteles de la droga mexicanos representan un enorme problema para Estados Unidos, debido a que operan dentro de su territorio para envenenar a sus jóvenes.
Ciertamente esa declaración no es nueva, pero sí destaca dos hechos innegables que tienen lugar en el propio suelo de EU: ahí la delincuencia organizada maniobra con gran eficiencia e impunidad y existe una diversificada e ingente demanda de estupefacientes difícil de controlar.
En este sentido, cualquier examen objetivo sobre el éxito o fracaso en la lucha contra el crimen trasnacional que se dedica a la producción, trasiego y venta de drogas en EU, debe abordarse desde la perspectiva de lo que significa el mayor mercado mundial para su consumo.
Precisamente por esa razón elemental, el gobierno de EU debería ser mesurado cuando afirma —sin base alguna— que el problema número uno de México es el narcotráfico y que, además, éste es quien “no ha podido” contener eficazmente esas execrables actividades que afectan en realidad a ambas sociedades.
Dicho enfoque parcial de un fenómeno que es de suyo complejo, se torna aún más incomprensible cuando la propia Casa Blanca admitió que Trump sí había ofrecido “ayuda militar” al gobierno mexicano, justamente en un problema que debería abordarse desde la perspectiva de la cooperación bilateral, de dos naciones soberanas, y socios antiguos.
Es indiscutible que el crimen organizado es una grave amenaza para la propia estabilidad mexicana, pero también es verdad que en esto mucho han tenido que ver tanto los sonados fracasos de la administración norteamericana por detener a los tough guys que operan libremente dentro de su jurisdicción, como sus fallidos modelos impuestos a México en la materia desde hace décadas.
Efectivamente, EU no ha establecido programas efectivos para prevenir su gran consumo de drogas, ni han rehabilitado a sus adictos y enfermos o regenerado su tejido social, tampoco combaten el tráfico de armas ni de dinero sucio.
La verdad es que si Estados Unidos no puede aprehender a sus grandes capos, ni desarticular a sus estructuras financieras, ni desmantelar sus amplios canales de distribución, su vasto mercado de las drogas hará que la futura construcción de su muro fronterizo y su pretendida ayuda militar, sean inoperables de inicio y rápidamente burlados por nuevas formas para ingresarlas desde el exterior o bien al producirlas localmente.
En esa medida, de seguir Trump con sus iniciativas en materia de expulsión de migrantes, de proteccionismo comercial y de lucha unilateral contra el narcotráfico, el desafío para nuestro país residirá no sólo en defender su soberanía a toda costa, sino también en tener la capacidad para afrontar el crimen organizado a partir de los intereses que éste ha creado en nuestra propia geografía.
En este difícil contexto deberemos ser capaces de incorporar un nuevo modelo en la lucha contra la criminalidad trasnacional, que pase de la mera persecución y detención de capos, a la judicialización de las causas, incluyendo el dictado de sentencia condenatoria y la efectiva reparación del daño; todo ello con la inteligencia policial que destruya su financiamiento y operatividad distinguiendo ese fenómeno, de la problemática de la seguridad pública.
Así, el presidente Donald Trump, en lugar de buscar 16 mil millones de dólares como producto del narcotráfico para construir una odiosa barda —que va a separar lo que debería continuar unido— debería entregárselos a México para reparar a víctimas o podría preferiblemente utilizar esos recursos para combatir eficazmente una problemática de la que su país no solamente es corresponsable, sino ante todo su principal protagonista.
Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014
