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Indudablemente, el sistema penal nacional de carácter oral y acusatorio exigirá un nuevo y excepcional perfil profesional y científico de la policía ministerial, como la institución encargada de la investigación criminal que es dirigida por el Ministerio Público.
La situación imperante de su quehacer ciertamente debe evolucionar. Es moneda corriente que las investigaciones no llegan usualmente a buen puerto, tanto al reunir pruebas como al preservarlas; esto debido a las profundas deficiencias técnicas que subsisten.
Este fenómeno incide en el éxito de la impartición de la justicia, ya que la capacidad de esa policía para obtenerlas y conservarlas es lo que a la postre permite iniciar el proceso penal que confronta los hechos constitutivos de delito con la probable responsabilidad del indiciado.
Cuando esa capacidad de la policía se queda corta, la justicia no tiene lugar para la víctima u ofendido, ya que las averiguaciones son archivadas por falta de elementos, o bien, porque el juzgador se ve en la necesidad de no iniciar el proceso por falta de pruebas suficientes e idóneas.
Con el nuevo sistema todo ello deberá cambiar, radicalmente. Para que rinda los frutos esperados, no caben ya la ignorancia, impericia y arbitrariedad. Esto es así porque se constituye en un modelo que exige la “igualdad de armas”, que propicia la transparencia y que debe fundarse en la verdad.
La igualdad de armas se relaciona íntimamente con la palabra “adversarial”. Ésta significa que las partes en el proceso penal, a saber, el representante social, el inculpado y la víctima u ofendido, estarán en posibilidad de presentar pruebas y alegatos que conduzcan a la verdad ante el juez.
Para que ello sea posible, las partes deberán contar exactamente con los mismos derechos, espacios y atenciones en el proceso, de modo que la “cancha sea pareja”, para que el fin último sea que se conozcan los hechos, tal como sucedieron, y que sólo con esa base se conceda la razón.
También el nuevo proceso contribuirá a su transparencia en varios sentidos. Al ser oral, permitirá saber las
imputaciones, pruebas y argumentaciones en tiempo real, así como las motivaciones que sustentan el criterio de juzgador. Luego, las razones técnicas las exhibirá el perito experto.
Por último, el nuevo proceso deberá fundarse en la verdad, lo que es la “piedra de toque” de la ciencia penal. Efectivamente, en esa materia, como en ninguna otra, cobra relevancia para la imputación de la culpabilidad el adagio que reza “dame lo hechos y yo te daré el derecho”.
¿Qué pasará si no se mejora la policía ministerial? Lo consecuente: no se podrán conocer los hechos acaecidos que son constitutivos de delito y cuando se conozcan lo será a medias, al no reunir, preservar y gestionar correctamente las pruebas por medio de una “cadena de mando” segura.
En este sentido, cobra la mayor importancia para el nuevo sistema de justicia penal, a la par de su mejoramiento en los juzgados, que se conformen nuevos y competentes cuadros de policías, fiscales y ministerios que sepan interactuar y trabajar con equipos interdisciplinarios altamente calificados.
Siempre con la dirección del fiscal, la policía ministerial deberá especializarse en la búsqueda científica de pruebas, no de modo reactivo y con armas, sino por medio del entendimiento de la escena criminal, de la obtención y reunión de pruebas y —señaladamente— de su posterior conservación y gestión.
La policía ministerial es un componente necesario, positivo y relevante para el logro de la obligación primera e irrenunciable de cualquier país de brindar certeza y seguridad a su población. Sin su decidida participación, simplemente la justicia penal no es posible, bajo ningún esquema realista.
Por esta razón, estoy seguro de que nuestras autoridades políticas sabrán estar a la altura de sus tiempos, al consolidarla y profesionalizarla, y al otorgarle las condiciones para que pueda servir a los mexicanos que la esperan renovada, incorruptible y —sobre todo— a su incondicional servicio.
Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014
