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Más que nunca, la justicia, la legalidad y la seguridad son elementos medulares para la consolidación democrática y para el desarrollo económico en México, mismos que de suyo implican al Derecho Penal como la herramienta insustituible para la ordenada convivencia.
Con independencia del concepto que le otorgue contenido, Ferrajoli define a esa ciencia como una técnica para la delimitación, comprobación y represión de la persona que se desvía en la colectividad, por lo que supone el acucioso estudio del delito, de la pena y del proceso.
Bajo el auspicio de la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) —desde su afortunada creación en 1976— ha jugado un decisivo papel para impulsar, fortalecer e innovar el conjunto de saberes que analizan esa tríada de figuras jurídicas, siempre desde un enfoque interdisciplinario.
Como centro nacional para el conocimiento, la educación y la actualización de los diversos operadores encargados de la prevención, procuración e impartición de la justicia penal, el Inacipe ha sabido proporcionar las bases elementales para su avance y para la elaboración de su certero discurso público.
Ese ejemplar liderazgo, que ha sido ganado a pulso y que ha trascendido nuestras fronteras, pone al servicio de la sociedad y sus representantes, los modelos dogmáticos más destacados, aunque siempre considerando nuestra historia, realidad y dinamismo, tal como lo reivindica para su éxito el insigne Zaffaroni.
Con la máxima gratuidad, el mérito probado y la vocación de servicio como los principios rectores para la aceptación de los mejores candidatos, el Inacipe ha tenido la fortuna de integrar a un reconocido cuerpo académico, sobradamente capacitado para favorecer la enseñanza teórico-práctica.
A partir de las rigurosas aportaciones de sus investigadores y de las originales creaciones de sus programas de posgrado, ese instituto especializado también ha realizado importantes contribuciones bibliográficas en temáticas de la mayor relevancia, como la teoría penal, la criminología, la victimología y el proceso penal.
Su 40° Aniversario, que se celebró recientemente con un magnífico Congreso Internacional, ha puesto de manifiesto su profunda convicción para contribuir, persistir e innovar en la búsqueda y en el encuentro de fórmulas óptimas de coexistencia, como lo es el nuevo sistema penal acusatorio, que forma parte de un programa constitucional de mayor envergadura, que sitúa a la realidad de toda persona bajo el inviolable amparo de los derechos humanos.
Aristóteles indicaba que el propósito de la educación es precisamente reproducir, para cada nueva generación, el tipo de carácter que habría de mantener la constitución política vigente en un Estado; es decir, en su parecer, se requería poseer un carácter especial para tener una constitución política especial.
En este sentido, no cabe duda de que el Inacipe está justamente formando a las mujeres y a los hombres con la altura de miras, la entrega y el conocimiento que demanda el país; todos ellos en empleos públicos de enorme confianza, como lo son policías ministeriales, agentes investigadores, peritos expertos y fiscales de cargo.
En mi opinión, con sus criterios fundacionales de excelencia, de profesionalismo y de servicio a México, el Inacipe es congruente con el llamado de llevar de una concepción de “justicia social” a una concepción de “justicia educativa”, y luego, de ésta, a una concepción equitativa de “justicia penal”, propuesto por Walzer en Las esferas de la Justicia.
Primero “investigar”, luego “aprender” y posteriormente “enseñar” el Derecho Penal, son las notables tareas que configuran al Inacipe —mi alma mater— como un lugar de investigación y de formación especializado de auténtica clase mundial, el que sin duda ha estado, está y estará a la altura de los enormes desafíos que tendrá la República en los años venideros.
Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014
