Como cada año, el Día del Niño nos presenta una oportunidad especial para reflexionar sobre los avances y desafíos que ha tenido México en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Es también un buen momento para recordar los principios rectores que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual marcó un cambio de paradigma en la visión de los niños y niñas como sujetos de derechos.
Los niños no viven sus derechos de manera fragmentada, en su realidad cotidiana sus derechos son interdependientes. La pobreza les dificulta la asistencia a la escuela. La violencia en la comunidad les limita su derecho a jugar. La falta de apoyo a sus familias para su cuidado apropiado los deja expuestos a distintos tipo de abusos.
En el caso de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, la evidencia más reciente demuestra que su impacto puede superar el impacto de la desnutrición crónica en su desarrollo cognitivo. Por lo tanto, es notable el hecho de que el gobierno mexicano se haya posicionado como líder mundial para proteger a la infancia contra la violencia, al unirse en 2016 como país pionero de la Alianza Global para poner fin a la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes, que impulsa Naciones Unidas.
De esta manera, México está en un momento propicio para acelerar las acciones de prevención y respuesta ante la violencia contra la niñez y la adolescencia, pues cuenta además con mecanismos como la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y las Procuradurías de Protección de la Niñez a nivel federal y estatal, creadas en 2015.
Sin embargo para hacer realidad este compromiso es necesario que se asignen los recursos financieros suficientes para la operación de instituciones como las procuradurías de protección a la infancia.
En México más de 80% de la inversión en la infancia se destina al cumplimiento de derechos a la salud y la educación, mientras que la inversión en el derecho a la protección frente al abuso y vulnerabilidades es menor a 1% de lo asignado a este grupo poblacional.
Aunque la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuenta con recursos presupuestarios para su operación, las procuradurías estatales no tienen aún recursos específicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual es un obstáculo para el funcionamiento adecuado de estas dependencias gubernamentales, y por ende un perjuicio para la infancia.
Las procuradurías son el nuevo mecanismo responsable de atender a las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos sean vulnerados, identificando las acciones requeridas y las instituciones responsables de su implementación. Si estas instituciones no tienen recursos suficientes, no pueden contar con el personal capacitado para operar y asegurar la protección de la niñez en situación de vulnerabilidad y mayor desventaja (por su origen étnico, sexo, situación de pobreza o presencia de violencia en el hogar o la comunidad).
Ante los desafíos que aún existen para eliminar las brechas económicas, demográficas, sociales y de género que separan a la niñez del ejercicio pleno de todos sus derechos, no se justifica no invertir en mecanismos que respondan a situaciones de vulnerabilidad y restitución de los derechos de la niñez.
Desde UNICEF abogamos por que el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2018 contemple los recursos necesarios para que se implemente de manera integral la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que mandata la creación y operación de las procuradurías de protección de la infancia.
Sin embargo, es oportuno recordar que todos somos responsables de que ningún niño y niña en México se quede atrás en el ejercicio de sus derechos.
Representante de UNICEF en México
