La seguridad y la justicia en México deben mejorar y está clara la vía para conseguirlo. La democracia es la única ruta; sólo con ella es posible lograr prosperidad con equidad, seguridad con legalidad y justicia con paz. Emprendida hace nueve años, la transformación del sistema de justicia penal avanza en la dirección correcta, aunque la sociedad exige, con razón, más y mejores resultados, por lo cual resulta indispensable acelerar y profundizar el proceso reformista.
Como se previó desde que iniciamos su implementación, al poner en operación el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) han emergido deficiencias pero, con ánimo constructivo, también surgen con claridad ventanas de oportunidad y nuevos desafíos.
Con motivo del primer año de vigencia plena del nuevo sistema en todas las entidades del país, recientemente han surgido críticas, comprensibles aunque, como se podrá observar, injustificadas.
Así por ejemplo, se equivocan quienes argumentan que el NSJP establece una especie de “puerta giratoria” que sirve para que los presuntos delincuentes salgan de prisión a seguir delinquiendo. Los datos confirman que eso no es cierto; de acuerdo con la “Open Society Initiative Justice”, y “Documenta”, la población penitenciaria se ha duplicado en los últimos nueve años, la mitad de ella, como resultado del dictado de prisión preventiva; sin embargo, la incidencia delictiva no cesa de crecer y la percepción de inseguridad aumentó al 73%, según el Inegi. Esto significa que la prisión preventiva oficiosa –resabio del antiguo sistema de justicia– no garantiza la seguridad. A lo anterior, habría que agregar que, afirmar que los 12 mil liberados en la Ciudad de México sean los mismos que cometieron nuevos delitos, es una suposición aventurada, por no decir, irresponsable.
Yerran también quienes afirman que, al permitir el uso de la prisión preventiva oficiosa, únicamente de modo exepcional, para un listado limitado de delitos, el NSJP despoja a las autoridades de herramientas para combatir el crimen, pues, por el contrario, el sistema les otorga a los operadores una herramienta mucho mejor, que no contraviene a la Constitución ni a los convenios internacionales protectores de los Derechos Humanos que nuestro país se ha comprometido a respetar, y que le brinda a las autoridades hasta seis meses para realizar sus investigaciones. El problema es que el Ministerio Público nada más recurre a su nuevo instrumental, en el 20% de los casos; es decir, no usan la Prisión Preventiva –la no oficiosa- porque no la conocen o, quizá, porque el NSJP les exige mayor competencia, que hagan una investigación tan bien realizada, que sea sometida al arbitrio judicial, esto es, que convenza al juez de la necesidad de ordenar la detención de alguien, para impedir que evada a la justicia o represente un peligro para la sociedad, lo que evitará que se se detenga indiscriminadamente.
Con las anteriores y muchas otras realidades que han surgido de la implementación del NSJP, se abre con claridad la ruta de su perfeccionamiento que debemos seguir a efecto de cancelar toda tentación regresiva. Es momento de ir hacia adelante con mayor contundencia y velocidad. Desde el punto de vista orgánico, es preciso recuperar una instancia de coordinación nacional de la implementación del sistema que reduzca o suprima las brechas abiertas entre ámbitos de gobierno y entidades federativas; y crear una Unidad de Medidas Cautelares en el ámbito federal, para que la federación pueda beneficiarse, como ya sucede en las entidades, de la eficacia de las medidas cautelares diferentes a la prisión que han mostrado una eficacia del 90% en delitos del fuero común. Entre muchas otras alternativas que expertos y organizaciones académicas y sociales han planteado y que vale la pena estudiar, en su mayoría enfocadas en mejorar cualitativamente hablando, la capacitación de todas las autoridades responsables del sistema, desde los policías, hasta los responsables de la reinserción social, pasando por los fiscales o ministerios públicos, peritos, defensores y autoridades judiciales.
Legislativamente, es preciso, además de concretar la autonomía de la fiscalía, aprobar el mando único policial, suprimir la figura constitucional del arraigo, como ya lo he propuesto, además de cuidar el uso sin abuso de la prisión preventiva oficiosa y, en su caso, la vinculación a proceso, además de revisar el amparo en la nueva lógica procedimental.
Avanzando en esa ruta, será posible que la prevención de las conductas delictivas sea más pertinente, la investigación de los delitos sea más eficaz, los juicios sean más breves y justos, y la compurgación de penas menos costosa y más benéfica para la sociedad.
En suma que, quien viole la ley penal sea ejemplarmente castigado y que todos vivamos con certidumbre y en paz.