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Por obligación jurídica y, sobre todo, por convicción ética, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, que está integrada por el mayor número de mujeres de la historia, legislamos con ellas y para ellas. Así lo hemos hecho en los meses pasados y justamente ahora habremos de hacerlo para garantizar el ejercicio cabal del derecho que ya poseen si, desafortunadamente, llegan a ser víctimas de violencia sexual, para garantizar que efectivamente reciban los servicios de salud y, en su caso, de anticoncepción de emergencia.
Como se ha podido constatar, los diputados del PRI hemos venido pugnando por la atención integral de la salud de las mujeres, particularmente en la salud reproductiva, lo que implica “el derecho a la información oportuna y adecuada, y a la educación sexual; y el ejercicio libre y responsable de la maternidad”, como lo precisan los documentos básicos de nuestro Partido Revolucionario Institucional.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, en el país se denuncian alrededor de 120 mil violaciones al año; 65% de las cuales son cometidas en contra de niñas, adolescentes y mujeres de entre 10 y 20 años. Actualmente, ya es un derecho de toda víctima de violencia sexual recibir servicios de salud.
Pese a lo anterior, inclusive cuando han demostrado fehacientemente haber sido víctimas de violación, conforme a lo previsto en la ley, la mayoría de las víctimas no tiene acceso a servicios integrales de salud, incluyendo operaciones obstétricas abortivas, pues algunas instancias médicas, no obstante estar legalmente obligadas, se niegan a brindárselos.
Para resolver esta situación, buscamos que las instancias de salud, públicas y privadas, que forman parte del Sistema Nacional de Salud, observen y apliquen las normas oficiales mexicanas en materia de violencia familiar y sexual contra las mujeres; se trata de garantizar los servicios médicos a mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual.
Con lo anterior, garantizaremos el ejercicio pleno de las mujeres a sus derechos a la salud, a la integridad física, psicológica y moral, a la honra y dignidad, a la libertad y seguridad personales, y a la libertad de conciencia; así como preservaremos los derechos de niñas y adolescentes.
Es importante precisar que el Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en breve habrá de someterse a votación de los diputados, nada tiene que ver con que el Código Penal Federal, desde 1931 otorga una excusa absolutoria a quien decida interrumpir un embarazo que haya resultado de una violación, el llamado “aborto necesario”, que al igual permiten los 32 códigos penales de todas las entidades federativas. Este derecho prevalece intacto. En todo caso, avanzamos para darle eficacia y que más mujeres puedan ejercerlo. Como se advierte, nuestra convicción es legislar a favor de las mujeres.
Coordinador de los diputados del PRI
@CCQ_PRI
