La Ciudad de México es sede del poder político, económico y cultural de Mesoamérica desde hace siete siglos. Hoy vive un proceso de reflexión razonada sobre sí misma, al cabo del cual habrá de precisar sus normas de convivencia y los ideales colectivos, que quedarán plasmados en su Constitución.

Moderna, la norma jurídica de la CDMX debe ser, sobre todo, socialmente útil; responder a los problemas que actualmente enfrentan quienes aquí convivimos y, sobre todo, anticiparse a servir a quienes aquí vivirán.

La propuesta presentada por el Jefe de Gobierno ha sido un ejercicio que intentó adaptar las propuestas de un grupo de notables con un lenguaje legislativo y jurídico, con un proyecto de arranque que ya se analiza y será enriquecido con el fin de contar con un texto normativo a la altura de la gran Ciudad de México.

Ahora que por momentos la gran urbe pareciera asfixiarse, es justo cuando tiene que prepararse para lo inevitable: crecer; y que el crecimiento venga aparejado de desarrollo con igualdad, seguridad con justicia y prosperidad con paz, depende, en gran medida, de lo que ahora se haga.

Por eso, los constituyentes del PRI impulsaremos el Derecho a la Ciudad, ése que el Centro de la ONU sobre Urbanización y Asentamientos Humanos define como el usufructo equitativo de la “urbanidad”, dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social; derecho colectivo de los habitantes, en especial de los más vulnerables, a quienes confiere la legitimidad de acción y de organización. Al menos tres son las preocupaciones de la mayoría y serán el centro de nuestras proposiciones: la escasez y el costo de la vivienda, la movilidad con rostro humano y el buen funcionamiento de la Ciudad.

Respecto a la vivienda, es preciso tener presente que el costo promedio del metro cuadrado de terreno en el país es de casi 2 mil pesos; mientras el de la Ciudad es de más de 9 mil. Dicha riqueza debe ser bien aprovechada en beneficio de todos, por lo cual se precisa una gestión democrática, transparente e incluyente de la propiedad en todas sus vertientes y modalidades.

Se impone lograr la movilidad con rostro humano, dado que la densidad poblacional y la saturación de las vialidades también generan invasión de espacios públicos, accidentes e inseguridad. Alrededor de 65% de los viajes se realizan en transporte público, el cual resulta insuficiente para atender la demanda y es rechazado por deficiente, lo cual abre la oportunidad de sentar las bases constitucionales para una movilidad económicamente conveniente y sustentable.

La norma también debe contemplar la coordinación de acciones entre autoridades de la Ciudad y de estados vecinos; generar estímulos económicos para consolidar y aumentar las densidades poblacionales en las demarcaciones y evitar el crecimiento de la mancha urbana hacia la periferia; impulsar el diseño, desarrollo y fortalecimiento de subcentros económicos en las alcaldías, y fomentar el aprovechamiento social de inmuebles subutilizados.

Como se advierte, lo más importante para quienes viven y visitan la Ciudad, será lo más destacado en la Constitución que aprobaremos. Legislaremos, pues, para que nuestra capital siga ocupando, más que el centro: el corazón de México.

Coordinador de los diputados del PRI.

@CCQ_PRI

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