En un debate abierto, público y de intensa participación de organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones empresariales, medios de comunicación, académicos, autoridades y representantes populares, y muchos más, todos interesados y bienintencionados, se aprobó en el Poder Legislativo una iniciativa originalmente ciudadana. En ella, todos los involucrados, comenzando por la Presidencia de la República, formularon planteamientos, escucharon y concedieron un poco, de suerte que todos ganamos mucho. Se trató de un gran debate público, logro de sociedad y gobierno, y expresión de la madurez democrática que México está alcanzando.
Durante la promoción de su propuesta, organizaciones diversas plantearon 15 aspectos que desde su punto de vista era deseable que se incorporaran en la nueva legislación, y el Sistema Nacional Anticorrupción tomó en cuenta prácticamente todos (14), dejando fuera únicamente la entrega de recompensas por denuncias de corrupción, pues acusar esas prácticas es obligación de todos.
El sistema es un escudo a favor de la legalidad. Más de 500 artículos, en ocho leyes, dan origen a un mecanismo de coordinación único en el mundo que será presidido en todo momento por un ciudadano, de entre los cinco que formarán parte del Comité de Participación Ciudadana, integrado a propuesta de muy prestigiadas instituciones académicas.
Se ordena la creación de una plataforma digital que permita acceder a la información de las licitaciones y contratos, desde el momento en que se adjudican, y dar seguimiento a cada uno de ellos; y que contenga un registro nacional de servidores públicos, de los cuales sea posible conocer la evolución de su patrimonio para detectar eventuales casos de enriquecimiento inexplicable y conocer a tiempo a quienes hayan sido previamente sancionados.
Como lo ha exigido la sociedad, todos los servidores públicos deberán presentar su declaración patrimonial y de intereses, así como ya lo hacen con su declaración fiscal, y éstas podrán ser públicas, en los términos que indique el Comité de Participación Ciudadana.
Una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción autónoma y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa independiente tendrán capacidad para fomentar la integridad en el servicio público, investigar y sancionar prácticas de corrupción con hasta 18 años de cárcel a los legisladores federales que cobren “moches”; 14 para los particulares que entreguen algún beneficio a servidores públicos; 12 a quienes mientan sobre la riqueza obtenida por concesiones públicas; 14 a los servidores públicos que se les compruebe enriquecimiento ilícito y nueve a quien intimide a las personas en su beneficio propio.
Con aportaciones de todos los mexicanos interesados en abatir la corrupción y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, hemos aprobado una más de las grandes reformas transformadoras, la que permitirá que el aparato público cobre mayor eficiencia y, sobre todo, que se fortalezca la confianza entre ciudadanía y gobernantes; entre los mandantes que integran la sociedad y son los que ordenan, y los mandatarios que somos quienes debemos obedecer.
Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados
@CCQ_PRI
