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Además de atentar y, según indicios, acabar con la vida de jóvenes mexicanos, los lamentables acontecimientos de Ayotzinapa vulneraron las estructuras de gobiernos municipales y del estado de Guerrero, y dañaron la confianza entre amplios sectores de la sociedad y las autoridades. Por eso resulta indispensable que la Procuraduría General de la República (PGR), conjuntamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desvelen las últimas dudas respecto al suceso más delicado de los últimos años, a efecto de brindar certeza a los familiares de las víctimas, continuar reconstituyendo las instituciones de gobierno que fueron infiltradas por el crimen y sentar las bases para avenir a una sociedad dañada y mejorar la interacción de gobernados y gobernantes en nuestro país.
A lo largo de casi 18 meses, expertos internacionales, a quienes el gobierno mexicano invitó y brindó facilidades para realizar su trabajo, han coincidido en lo general con las hipótesis y las conclusiones de los peritos de la PGR. Únicamente uno de los investigadores cuestionó y negó que los cuerpos hayan sido cremados en el sitio que señalaron los peritos nacionales, lo cual obligó a realizar un estudio especializado.
Claros, precisos, consensuados y publicados hace meses los términos de su integración y funcionamiento, el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego se formó conjuntamente por el GIEI y la PGR y trabajó en las condiciones que el propio grupo exigió. La semana pasada, un representante de la Procuraduría y otro del grupo (Ricardo Damián Torres, vicepresidente de Fuegos y Explosiones de Forensic Consulting Services, con 28 años de experiencia) presentaron los resultados.
De acuerdo con lo anterior, sí hubo incendio —“de grandes dimensiones y controlado”— y no sólo hubo fuego; hay restos de, cuando menos, 17 seres humanos, incluso podrían ser más, lo cual sólo se puede determinar con otros estudios de diversa naturaleza.
A este dato revelador habría que sumar que sí fueron interrogados 40 miembros del 27 Batallón del Ejército, como lo sugirió el GIEI (30 elementos de tropa, seis oficiales y cuatro jefes); que éstos comparecieron del 2 al 5 de diciembre de 2014 y el 2 de marzo de 2015 ante el Ministerio Público, único que puede hacerlo conforme a la ley, de lo cual se concluyó que ningún militar participó en el lamentable suceso.
Únicamente resta conocer los resultados de la investigación por medio de la “técnica de secuenciación masiva paralela” sobre restos y objetos de personas, encargada al Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck, en Austria, para confirmar o rechazar las hipótesis conocidas o formular otras. Con base en ellas, las autoridades y el grupo de expertos contribuirán a recuperar la confianza de los mexicanos en sus instituciones y habremos de reconocer su muy importante aportación en el esclarecimiento de este caso.
Si bien no se agota la investigación, el trabajo conjunto de la PGR y el GIEI nos acerca a conclusiones más sólidas que permitirán fincar responsabilidades y, con una correcta aplicación del Derecho, hacer justicia.
Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados
@CCQ_PRI
