Los diputados priístas afirmamos que nuestro compromiso a favor de la transparencia y la rendición de cuentas es total; tan es así que con el voto de la mayoría de diputados y senadores, subrayadamente de los priístas, se aprobaron dos reformas constitucionales: la que ahondó en la transparencia y la que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Consecuentemente, aprobamos la legislación secundaria en el primero de ambos rubros, que ha merecido el reconocimiento internacional, por su vanguardismo; evidentemente nuestra tarea no ha concluido; en breve aprobaremos la legislación secundaria sobre el cual entrará en operación el sistema mencionado en todo el país, y que abunda en coincidencias con los planteamientos que han realizado por personas y organizaciones de la sociedad civil.
Con lo primero constituimos una Fiscalía Anticorrupción autónoma, una instancia pública revisora de los tres poderes, en los ámbitos de gobierno municipal, estatal y federal; a su vez, otorgamos a la Auditoría Superior de la Federación mayores facultades y “dientes”, de suerte que ya puede realizar auditorías durante el ejercicio del año fiscal, y no al final como ha venido ocurriendo; el régimen es más estricto en cuanto a las sanciones que habrán de imponerse a los servidores públicos, como la extinción de dominio para casos de enriquecimiento ilícito, y por primera vez, se podrá sancionar a los particulares que incurran en prácticas de corrupción. Se impuso la obligación a los servidores públicos de presentar, además de su declaración de impuestos, la patrimonial y la de sus intereses para evitar un eventual conflicto.
En ésta, como en todas las materias, los legisladores del PRI, siempre daremos la bienvenida a todo planteamiento edificante, como los que ya están en curso y los que puedan llegar de parte de quienes tienen derecho de iniciar leyes que procuren aportar elementos adicionales para fortalecer la transparencia, principio sobre el que los diputados refrendamos nuestra “profesión de fe”, y al amparo del cual, se podrá analizar, y eventualmente incorporar, lo referente a mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura, la clasificación de los actos de corrupción, los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva, y la coordinación entre autoridades responsables de investigar y sancionar.
Tenemos claro que uno de los fundamentos de la transparencia que debe imperar en un régimen democrático, es la máxima publicidad sobre los asuntos de interés público; aunque otro lo es el respeto irrestricto a la protección de datos personales, en tanto derecho humano de más reciente cuño; por eso, y con el ánimo de hacer compatibles tanto la obligación mencionada, como el derecho referido, bien se podría establecer que a cada servidor público, una vez que cumpla con su obligación de informar a la autoridad, decida si hace pública su información personal.
Los servidores públicos de origen priísta estamos obligados por ley, pero sobre todo por convicción ética, a velar por los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia en nuestras responsabilidades, por tanto observaremos lo que la ley indique y legislaremos en la materia, como el interés superior de los mexicanos lo imponga.
Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.
@CCQ_PRI