Vigente, es decir, viva, incluso vigorosa, que significa firme, nuestra Constitución Política está por cumplir casi un siglo de ser norma y aspiración del Estado mexicano. Texto que concentra las convicciones compartidas, los valores en común, los principios de la convivencia colectiva y los ideales que vinculan a nuestra nación, en 99 años que está por cumplir, se ha mantenido como norma esencial y eficaz, merced a las sucesivas actualizaciones que ha vivido, sin alterar los acuerdos políticos fundamentales que le dieron origen. Y no sólo eso, con las más recientes adiciones, particularmente las reformas transformadoras impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, la Constitución es proyecto de futuro del Estado constitucional y democrático de derecho al que aspiramos todos los mexicanos, en el que el poder no sólo se adquiera, sino que se ejerza democráticamente, para vivir con prosperidad, seguridad, justicia y paz.
La Constitución de 1917 no sólo heredó el liberalismo político de 1857, especialmente en lo concerniente a derechos humanos, que fueron calificados y designados como “garantías individuales”; sino que reforzó el republicanismo, aunque robusteció al Poder Ejecutivo al suprimir la vicepresidencia, dando mayor autonomía al Poder Judicial y soberanía a los estados, y creando al municipio libre. Además incorporó una visión social por medio de nuevos e importantes derechos de las personas y obligaciones de las autoridades, plasmados en las icónicas adiciones de los artículos 3º, 27, 123 y 130, entre otros.
Como resultado del trabajo de las instituciones nacionales, México entró en el periodo de estabilidad más largo de la historia, a lo largo del cual, generaciones que nos antecedieron pusieron a tiempo el texto constitucional, en el ánimo de adecuarlo a los tiempos que corrían; fue así que se incorporó el derecho de la mujer a votar y ser votada, permitir el acceso de los jóvenes a los cargos de elección popular, abrir la puerta para que otras fuerzas políticas tuvieran legisladores en ambas cámaras del Congreso de la Unión; en suma, se incrementaron los derechos de los ciudadanos, al tiempo que se establecieron límites al poder de los gobernantes, para generar mayor equilibrio.
La cadena de cambios institucionales y políticos desembocó en dos alternancias en la Presidencia de la República. En la segunda, en 2012, acreditando responsabilidad histórica, madurez política y vocación democrática, políticos de todos los partidos, diputados federales y senadores, diputados locales y, sobre todo el presidente Enrique Peña Nieto, respondieron al mandato de la sociedad; antepusieron el interés superior de la nación a cualquier otro, comprendieron que a nuevas condiciones sociales corresponde una nueva constitucionalidad y aprobaron el paquete reformista más relevante desde 1917.
Es razonable afirmar que México está más cerca que nunca de completar la transición a un régimen plenamente democrático; en el que más que un sistema político, la democracia sea, en la letra y sobre todo en los hechos, un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento material y cultural del pueblo.
Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados
@CCQ_PRI