Urge un compromiso '3de3' no electoral

Representa una constante, que apenas finalizados los comicios presidenciales se afirme que la autoridad electoral sorteó con éxito su organización, pues la instalación de las casillas estuvo cerca de su 100%, pero que fue incapaz de atajar todos aquellos vicios que, situados por fuera de la valla perimetral de las elecciones, tuvieron la fuerza para condicionar el ejercicio del sufragio y, por ende, incidir en sus resultados.

Si no hacemos un esfuerzo por pavimentar el camino hacia el 2018, estamos muy cerca de tropezar con la misma piedra, como nos lo acaba de demostrar Coahuila y el Estado de México. Así como la iniciativa 3 de 3 generó compromisos concretos a favor de la transparencia y rendición de cuentas de la clase política, todavía estamos a tiempo de construir un acuerdo de alto nivel entre los poderes públicos, en el que se comprometan y corresponsabilicen con el INE en la búsqueda de las mejores condiciones medioambientales para acudir al llamado de las urnas el 1 de julio.

1 de 3.- Condicionamiento del voto. Asistimos por doquier al uso de programas sociales y al desvío de recursos públicos, con propósitos electorales. Para detener este flagelo resulta imprescindible que, en breve, el Gobierno federal, los estatales y municipales, pongan a disposición de las autoridades electorales, el catálogo de programas sociales que estarán vigentes de enero a julio de 2018, con la finalidad de verificar que ninguno de ellos nace con motivo de las elecciones, que sus padrones de beneficiarios son sólidos y se encuentren previamente determinados, y que su implementación y sus ayudas se apegan a las reglas de operación y carecen de cualquier condicionamiento electoral. En este ejercicio, la contribución de la Auditoría Superior de la Federación y las correspondientes de los estados será fundamental, así como su compromiso por culminar la revisión de las Cuentas Públicas de 2016, y por verificar excepcionalmente el funcionamiento de aquellos programas vigentes que cíclicamente han dado lugar a recomendaciones y responsabilidades por el uso indebido del presupuesto con fines electorales. Se generará así, un contexto de exigencia para que la Cámara de Diputados federal y las estatales, se obliguen a la escrupulosa revisión, aprobación o rechazo de dichas Cuentas antes de finalizar el año, y doten de información relevante sobre los manejos de nuestros gobernantes, en caso de que aspiren a un nuevo cargo.

2 de 3.- Propaganda personalizada. No hemos logrado atajar la abierta promoción de servidores públicos, camuflada de informes de gestión, entrevistas, publicidad de libros, difusión de fundaciones y demás, muchas de las cuales se financian con recursos públicos. A 10 años de la reforma de 2007, los legisladores federales y estatales están llamadas a concretar un acuerdo para expedir las correspondientes leyes de propaganda gubernamental, y determinar con claridad en que ámbitos, bajo qué condiciones y en qué periodos es posible erogar dinero público en dicha propaganda. En este sentido, es exigible también un compromiso a favor de Presupuestos rígidos para el 2018 en materia de comunicación social, para que los gobiernos estén impedidos de gastar más de lo que originalmente se presupuestó.

3 de 3.- Dinero público y privado. A pesar de que los partidos gozan cada vez de mayor financiamiento público, las prácticas de corrupción y desvío de recursos públicos, así como el incremento de dinero privado, que fluye en efectivo a cambio de promesas de asignación de obras, se han vuelto una constante en periodo electoral. Para atemperar y erradicar estos fenómenos, vuelve a ser necesario el compromiso en la revisión de las Cuentas Públicas, así como el acompañamiento de la PGR y las procuradurías estatales, a través de la FEPADE y las fiscalías de las entidades, para que culminen las investigaciones en curso y persigan con mayor eficacia estos delitos electorales. Pero nada de esto se alcanzará sin la decisiva participación del Sistema Nacional Anticorrupción -que no tiene Fiscal ahora mismo-, en quién recae la potestad sancionadora de este gran lastre nacional, y sin la coordinación con el Banco de México y la SHCP a través del SAT, dado que concentran relevante información sobre el incremento del dinero en efectivo durante las elecciones, y sobre las donaciones y pagos que distintas personas y empresas realizan en beneficio de las campañas.

Para exigir que cada institución haga lo que le corresponde de cara al 2018, un acuerdo de esta envergadura requeriría del acompañamiento social de intelectuales, académicos y personalidades públicas de gran autoridad moral, y del seguimiento de un observatorio multidisciplinario de especialistas en materia electoral.

¿Es mucho pedir un compromiso 3 de 3 como éste, si lo que está de por medio es la estabilidad y paz social de nuestro país?