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El Senado de la República acaba de tomar una decisión trascendental para la vida democrática de nuestro país en el futuro inmediato. Fueron electos los siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que entrarán en funciones el próximo 5 de noviembre.
Ha sido una constante que la atención a este proceso se haya generado porque esta integración será la que habrá de calificar la elección presidencial de 2018. Por lo importante que serán esos comicios, la relevancia del nombramiento va más lejos. Hay que recordar que el TEPJF se ha constituido en un garante de la salud del sistema democrático, que resuelve en definitiva sobre la totalidad de los comicios, sobre los asuntos más relevantes suscitados al interior de los partidos, y que tiene a su cargo la tarea de tutelar un conjunto de derechos asociados a lo político-electoral. Justo por ello, estos nuevos impartidores de justicia habrán de coadyuvar con la generación de criterios que signifiquen pasos adelante en la profundización de la democracia.
Tan pronto como entren en funciones tendrán encima cuatro procesos electorales (Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz) que convocarán a las urnas a cerca de doce millones de electores. Las tres primeras incluyen elección de gobernador. Poco después, el Tribunal enfrentará uno de los retos más grandes en su historia, pues tendrá que resolver las controversias derivadas del proceso electoral más complejo de los últimos tiempos, en el que convergerá la elección presidencial y parlamentaria, con los comicios en 18 estados en donde se elegirá gobernador, y cuyos pronósticos dejan entrever que serán comicios muy competidos en donde las campañas tendrán tintes de confrontación verbal, con resultados extremadamente cerrados, derivado de la fragmentación del voto popular por la presencia de al menos cuatro grandes partidos o coaliciones, y al menos un candidato independiente, todo lo cual patentiza un aumento de litigiosidad que tendrá que ser pacificada por este Tribunal.
Las dos integraciones previas del TEPJF han dejado un vasto acervo jurisprudencial. La primera (1996-2006) destacó, por ejemplo, por su contribución al fortalecimiento de la democracia interna de los partidos. La última (2006-2016), por potenciar la igualdad de género en el acceso a las candidaturas y los cargos de representación política. En este contexto, los nuevos magistrados deberán marcar la línea de su política jurisprudencial a partir de los derechos que quieran potenciar o las insuficiencias de nuestra arquitectura electoral que pretendan resarcir.
Sin duda es una buena noticia que el Senado haya electo en tiempo a los nuevos integrantes de la Sala Superior del máximo tribunal del país en materia electoral. También es de congratularse que los nombramientos hayan recaído en personas que en su mayoría cuentan con amplia experiencia en el ámbito jurisdiccional electoral.
Resta estar atentos al trabajo que realicen, a efecto de que su labor redunde en beneficio de la consolidación democrática. Tienen un gran reto por delante; esperemos que estén a la altura de lo que México espera de ellos.
Académico de la UNAM.
@AstudilloCesar
