Acabamos de enterarnos que durante la celebración del vigésimo aniversario del Congreso Nacional Indígena en San Cristóbal de las Casas, el EZLN anunció una decisión histórica: postular como candidata independiente a la presidencia de la república a una mujer indígena, a partir de una amplia consulta a sus comunidades.
La decisión es trascendente porque, a 22 años de su irrupción, desvela un punto de inflexión en la estrategia seguida por el EZLN, para enarbolar sus causas políticas y sociales al interior, y no al margen como hasta ahora, de la vida institucional del país.
Es verdad que el Ejército Zapatista ha mantenido reiteradamente su postura de no aspirar al poder como organización armada, tal como lo reiteran en su último comunicado; no obstante, no es la primera vez que apoyan un proceso electoral, pues en 1994 respaldaron abiertamente a un candidato de la sociedad civil a la gubernatura bajo las siglas de un partido político.
Lo relevante del caso es que esta sería la primera vez que el EZLN, un grupo armado abiertamente rebelde, beneficiario de un estado de excepción durante más de dos décadas, incursionaría directamente en la vida política electoral de este país postulando a alguien que emana de sus bases, lo cual, por diversas razones representa una buena noticia para la vida democrática de nuestro país.
Baste señalar que si esta experiencia tuviera un adecuado desenlace, el EZLN encontraría incentivos de peso para iniciar su mutación hacia una alternativa político electoral real como ha sucedido en otros países latinoamericanos, donde es un hecho que los movimientos armados han conseguido mucho más optando por la vía electoral que por medio de acciones guerrilleras, como lo refieren los casos del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en Uruguay, las FARC en Colombia, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, o el MR8 de Brasil.
Además, el sentido de inclusión de nuestra democracia se vería fortalecido al darle la oportunidad a millones de hombres y mujeres indígenas de subrayar, a través de una vía institucional como la que representan los procesos electorales, la trascendencia de los pueblos originarios en la transformación democrática del país, y de hacerlo en la figura de alguien que represente a dos de los grupos más vulnerados y discriminados en México: las mujeres y los indígenas. De acuerdo con datos del INEGI, la población indígena en México es de casi el 15 %, lo que se traduce en alrededor de 19 millones de personas, quienes ocupan una quinta parte del territorio nacional, y que a estas alturas del siglo XX siguen subrepresentadas en todos los órdenes de gobierno y constituyen el grupo social más rezagado y marginado de nuestro mosaico social.
A primera vista parecería muy poco probable que una mujer indígena pudiera acceder a la presidencia de la República en 2018; sin embargo, lo que realmente hay que destacar y valorar, es la disposición del EZLN a impulsar una opción que le permita reivindicar sus añejas demandas a través de las urnas. A partir de este escenario, el proceso electoral adquiriría nuevos matices con la presencia de la candidata y del mediático subcomandante Marcos, con mensajes de campaña que desvelarían datos sobre la realidad en la que viven las comunidades indígenas, que dejarían al descubierto sus críticas al sistema de gobierno imperante, sus demandas, reivindicaciones y posturas, pero que sobre todo, coadyuvarían a identificar las vetas por las que podría solucionarse un conflicto que acerca a las tres décadas de duración.
Acaso por ello, estamos frente a una gran oportunidad para la sociedad y para las instituciones del Estado, las electorales incluidas, para responder a una iniciativa que podría generar las condiciones políticas para la reincorporación del EZLN a la vida institucional de México y la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas en la vida democrática, como un primer paso para volver a una mesa de diálogo en donde se debata un nuevo acuerdo jurídico sobre la relación entre el Estado y los pueblos indígenas que, de ser exitoso, pondrá fin al conflicto armado, iniciará un necesario proceso de reconciliación y servirá de acicate para que los poderes públicos pongan manos a la obra para comenzar a saldar la deuda histórica que se tiene con nuestros indígenas.
Académico de la UNAM
@AstudilloCesar