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Era previsible desde que se discutió la reforma electoral de 2014. Lo local iba a condicionar lo federal, y no al contrario, como se suponía. La directriz era que la calidad técnica con la que operaba la maquinaria institucional del entonces IFE, se trasladara al ámbito local, con el propósito de ir estandarizando las acciones y etapas de la competencia por el poder, e igualar la limpieza y confiabilidad de las elecciones en todo el país.
Para avanzar con rapidez, se encumbró al INE como autoridad nacional, con capacidad de incidir en su ámbito natural, los comicios federales, pero también en el de los locales, bajo un esquema de atribuciones directas en este nuevo espacio, que normalizadas en el tiempo podrían delegarse permanentemente en los OPLES.
Pero la ingeniería electoral tropezó. Se impuso de nuevo la realidad política. El INE difícilmente iba a asumirse como el hermano mayor del andamiaje electoral, responsable de tirar de los OPLEs, sus débiles hermanos menores. Por su robusta herencia institucional, habría de fungir más bien como el patriarca de la familia electoral, en tanto su Consejo podía autorizar el ingreso de sus nuevos miembros, dar órdenes a todos, imponer reglas y controlar actuaciones, atrayendo todos los reflectores y, con ello, haciéndose cargo de una especie de responsabilidad indirecta frente los problemas detonados dentro de su dominio territorial, o cuando alguno de los integrantes de la familia dejara de actuar diligentemente.
Como muchos otros experimentos en la materia, bastaron 3 años para constatar un efecto contrario al deseado, el cual se desvela con un dramatismo preocupante luego de los recientes comicios. Meter al INE en prácticamente todas las elecciones del país, abrió la puerta para que cualquier controversia derivada de ellas, por minúscula que fuera, tuviera un rebote inicial o final centralizado, con lo cual, un diferendo en la fiscalización de la elección de Ciudad Juárez, o en la redistritación en Yucatán, buscarían su necesario apaciguamiento desde su sede central en Viaducto Tlalpan.
Los esfuerzos por explicar la relación INE-OPLEs han fracasado. En el imaginario colectivo está bien asentada la convicción de que el INE es responsable directo, no subsidiario, en todas las elecciones. A ello ha contribuido que el IFE-INE, en sus más de 26 años de existencia, sigue siendo una institución profundamente posicionada en la sociedad, y que en la feria de culpas y desconfianzas, los partidos políticos se han encargado de mantener la responsabilidad en la cabeza, antes que en alguna de las partes.
El magnetismo que se cierne sobre el INE para atraer todo lo que esté dentro de la barda perimetral de las elecciones, produce que el camino hacia 2018 aparezca como un campo minado, y sitúe a la autoridad electoral en un riesgoso callejón sin salida, porque persisten los interesados en poner mil y un obstáculos para generar tropiezos institucionales e, incluso, dinamitar el camino hacia los comicios, y porque se han agotado las posibilidades de ajustar el ambivalente modelo electoral, y las opciones ofrecidas son poco pertinentes.
Si el INE opta por atraer la realización directa de algunas actividades que corresponden a los OPLEs en las 30 elecciones locales que vienen, puede entrar en la ruta de la sobresaturación y desgaste mayúsculo, sin reparar en el impacto presupuestal de ello. Si en cambio, decide ensanchar su rectoría normativa, para ser aún más exhaustivo en las reglas que deben seguir los estados, puede acabar por dificultar su implementación, ya que no todos los OPLEs cuentan con los mismos recursos e infraestructura, lo cual no lo eximiría del desgaste de su supervisión. No obstante, así asuma un papel operativo, regulador o supervisor, de lo que difícilmente podrá liberarse, como hemos visto con Coahuila y el Estado de México, es de su responsabilidad institucional y política ante cualquier falla, defecto o controversia, ya que el electorado lo sigue, y lo seguirá viendo, nos guste o no, como el patriarca electoral de nuestro país.
En 2019 deberá analizarse a fondo el resultado de esta bicefalia electoral. Mientras tanto hay que llamar a la mesura, pues intentar descarrilar el arbitraje electoral no sólo es insensato sino antirepublicano.
