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Hace unos días, en estas mismas páginas, el secretario de Gobernación escribía que en el tema de drogas no se debe recurrir, bajo ninguna circunstancia, a la criminalización de los consumidores. Incluso Manuel Mondragón, uno de los principales voceros de la postura prohibicionista del gobierno federal, afirmó recientemente que ninguna persona debe estar en la cárcel por el sólo hecho de consumir. Las cifras oficiales, sin embargo, desmienten el discurso de no criminalización. En nuestro país, consumidores de marihuana y de otras sustancias son diariamente perseguidos penalmente —e incluso encarcelados— por el sólo hecho de serlo.
Según la PGR, entre 2006 y 2014 se iniciaron a nivel federal 175 mil 993 averiguaciones previas por posesión de drogas ilícitas y 156 mil 189 por consumo. Sólo en 2014 se iniciaron 4 mil 856 averiguaciones previas por “consumo”, que ni siquiera es delito. En los estados también es detenido y procesado un considerable número de personas por estas conductas. En la Ciudad de México, por ejemplo, de acuerdo con el tercer informe de gobierno, de agosto de 2014 a julio de 2015, se pusieron a disposición del Ministerio Público a 2 mil 662 personas por narcomenudeo. De éstas, mil 463 fueron por posesión simple (es decir, posesión sin fines de distribución). A estas cifras habría que sumar todas las personas detenidas por posesión para consumo y posesión simple en cada una de las entidades federativas del país; un número no menor de personas perseguidas penalmente. Además, tanto a nivel federal como local, la marihuana es la sustancia por la que más se procesan personas (alrededor de 60% de los casos).
Es cierto que en México el consumo de sustancias ilícitas no es un delito, pero su posesión (para cualquier fin) sí lo es y se castiga con hasta tres años de cárcel cuando se lleva consigo una cantidad mayor a la “tolerada” y la intención no sea la venta o el comercio. (En el caso de la marihuana esta cantidad es de 5 gramos, unos dos cigarros y medio.) No son especialistas en salud quienes determinan si alguien trae más de la cuenta. Los consumidores son detenidos por la policía y presentados ante el Ministerio Público para que los agentes, en un periodo de hasta 48 horas, determinen si la posesión entra en los umbrales tolerados o no. Si un consumidor porta igual cantidad o menor de la permitida, recibe una advertencia y puede salir de los separos. Pero si porta un gramo más, es procesado y castigado por posesión simple de drogas y seguramente enviado, preventivamente, a un reclusorio. Los consumidores están pues en manos de la misma policía que ha sido acusada de múltiples casos de desaparición forzada, como el de los 43 estudiantes en Guerrero o los cinco jóvenes en Veracruz y de los agentes ministeriales conocidos por graves violaciones a la legalidad.
Resulta desconcertante que las personas que más se oponen a un cambio en las leyes de drogas se afirmen preocupadas por la salud de los jóvenes sin saber que la actual política representa para éstos detenciones, separos, amenazas, extorsiones, e incluso, reclusión. ¿Acaso desconocen la reputación de las instancias penales de nuestro país? Difícilmente. Mondragón encabezó la policía capitalina y federal. Osorio Chong ha tenido que pagar los costos de un sistema penitenciario corrupto hasta las regaderas. Ellos deberían reconocer que en México se criminalizan a muchas personas por realizar una conducta que, según la Suprema Corte, es un derecho fundamental. Si no lo hacen, es porque alguien los desinforma o porque eligen desinformar al público mexicano.
División de Estudios Jurídicos CIDE
@cataperezcorrea
