Más Información
En la construcción de democracias más sólidas y representativas, la garantía de los derechos humanos es tan fundamental como la participación activa de la sociedad en los asuntos cívicos y políticos de su país. Los ciudadanos deben no sólo ejercer sus derechos, sino también conocer y cumplir con sus obligaciones.
La libertad de asociación es considerada un derecho humano en el cual los ciudadanos tienen la capacidad de formar grupos, asociaciones u organizaciones lícitas con el fin de perseguir objetivos específicos. Este derecho, como prolongación de la libertad de pensamiento, es uno de los principios de participación social y política que se desarrolla en los distintos Estados de derecho.
Es, bajo este principio, que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) surgieron como agrupaciones sin fines de lucro que buscan defender intereses sociales, culturales, ecológicos, entre muchos otros, con la finalidad de consolidar una democracia participativa; desempeñan un trabajo de gran importancia, porque dan voz a los ciudadanos y cumplen con un objeto social, contribuyendo al desarrollo del país y garantizando, entre otras cosas, el acceso a la información.
De acuerdo con la ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, éstas pueden ser de muy diversas características, siempre que no persigan intereses de proselitismo partidista, político-electoral o religioso. Es decir, que su finalidad está abocada, no a la actividad del poder político, sino al principio de la conformación de una sociedad más igualitaria.
En este sentido, el Estado coadyuva con las OSC a fin de que éstas permitan el fortalecimiento de las instituciones, desde los principios de transparencia y honestidad y por tanto, aunado a su derecho de asociación, también se conforman obligaciones que las mismas deben de cumplir a fin de lograr sus objetivos asistenciales.
Las OSC son agrupaciones público-privadas porque, si bien reciben donativos de distintos sectores de la sociedad, también actúan con subsidios y recursos gubernamentales. Ello las dota de una gran responsabilidad, porque tienen la obligación de manejarse bajo los principios de transparencia e imparcialidad, abocando sus actividades al bienestar público. A su vez, son actores sumamente relevantes en la construcción de la opinión pública, por lo que tienen la importante responsabilidad de conducirse con objetividad.
Los servidores públicos tenemos la responsabilidad de conducirnos con transparencia y honestidad; comprobar nuestros ingresos y actuar bajo el principio del servicio a la sociedad. Pero el cumplimiento de estas obligaciones debe ser bidireccional, es decir, sociedad civil y Estado deben trabajar bajo estos preceptos para fortalecer las instituciones democráticas.
Sólo en la medida en que nos conduzcamos todos en corresponsabilidad bajo los principios del bien común y la legalidad, podremos consolidar nuestra democracia. Cuando las instituciones del Estado y los ciudadanos cumplamos, ambos, con nuestros deberes de forma corresponsable y transparente, todo funcionará mejor para todos.
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM en el Senado de la República
