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Tras la última reunión sostenida en Washington entre el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diversas autoridades mexicanas y los representantes de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, hay un asunto que mantiene detenido el progreso de los acuerdos en relación con el mecanismo que habrá de darle seguimiento al trabajo de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente: la permanencia de Tomás Zerón como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal.
A la luz de los reportes emitidos por el GIEI y el informe Atrocidades innegables presentado el lunes pasado por la organización Open Society, este hecho en concreto, promete convertirse en un verdadero dolor de cabeza, por su peso simbólico, para el Estado mexicano en el futuro.
Y es que, más allá de consideraciones políticas, resulta indispensable responder a una pregunta jurídica: ¿estaba el funcionario federal consciente de las implicaciones que su decisión de trasladarse al río San Juan junto con Agustín García Reyes (a) El Chereje el día 28 de octubre de 2014, traería aparejadas?
De acuerdo con la lectura integral del Segundo Informe entregado por el GIEI, parecería que estamos en presencia de una actuación marcada por la práctica de la impunidad.
Tal vez el señor Zerón llevó a uno de los detenidos clave en la investigación Ayotzinapa a uno de los sitios emblemáticos del caso, pensando que no era necesario dejar constancia de ese acto en el expediente y que esa forma de actuar era y es perfectamente legítima; tal vez lo hizo pensando que bien podía obviarse la presencia de un abogado o representante; pensando, quizás, que obligar a un detenido a visitar una escena vinculada posteriormente a la imputación penal que se le hizo, fue un acto que cumple con los más altos estándares nacionales e internacionales a los que debe sujetarse cualquier investigación criminal.
Tal vez, en un ánimo garcialorquiano, el señor Zerón se llevó a El Chereje al río San Juan pensando que la Constitución, al ordenar que los imputados gocen del debido proceso, era mozuela.
Nada más errado, pues resulta francamente imposible creer que el funcionario federal no estuviera al tanto de la tortura y malos tratos, actos prohibidos por la Constitución mexicana y tipificados como de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, que García Reyes sufrió en las primeras horas de ese mismo día, tal como se desprende del informe médico que obra en el expediente y que el GIEI, puntualmente, nos hace notar en su análisis.
Tal como se desprende de las constancias que acompañan a su declaración en las primeras horas de ese día, el detenido presentaba al menos 25 lesiones no registradas en su detención, ocurrida apenas unas horas antes, el día 27 de octubre.
Si el señor Zerón ignoraba que esa persona, la misma que llevó al río San Juan fuera de toda norma, había sido sujeta a malos tratos apenas unas horas antes, su omisión es motivo de responsabilidad, pues la custodia y salvaguarda del imputado estaba a su cargo.
Si, por el otro lado, sabía de las lesiones y no las denunció y toda vez que es razonable creer que las mismas fueron infligidas justo para presionar al detenido, ayudándolo, bajo el tipo de coacción más claramente prohibido por los estándares internacionales primero a “recordar” y luego a “confesar” hechos formalizados en el expediente… ¡un día después!, la decisión de Tomás Zerón también es motivo de responsabilidad.
El director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal no puede permanecer en su cargo. Además de que su presencia afecta la imparcialidad de la investigación, su displicencia o aquiescencia en relación con los actos de tortura y malos tratos en perjuicio de García Reyes, no corresponden al actuar convencional, constitucional, legal y reglamentario que resulta exigible a uno de los más altos funcionarios al servicio de las instituciones de administración y procuración de justicia del país, mismas que han sido cuestionadas en forma unánime por voces autorizadas en el ámbito internacional y también, no puede obviarse, por una buena parte del electorado nacional que salió a votar, con claridad, apenas hace unos días.
Socio director del Centro por un Recurso Efectivo.
@carpervar
