En los últimos días, EL UNIVERSAL ha publicado una serie de editoriales importantes que sugieren una relación entre el supuesto voto de castigo al partido del Presidente de la República por su iniciativa de matrimonios igualitarios y la horrible matanza perpetrada en un club gay de Orlando en Florida.
La correlación existe: ambos hechos se explican por una clara intolerancia a la pluralidad, a la posibilidad de vivir vidas diferentes, fundadas en creencias también distintas.
En México esto no debe sorprender: el país se fundó, por casi 400 años, sobre la piedra angular de la más absoluta intolerancia religiosa y, por lo mismo, sobre la prohibición más elemental al pluralismo ideológico.
En efecto, tras los tres siglos de Colonia en la que el catolicismo se impuso a sangre, fuego y hierro, siguieron al menos 50 años de “vida independiente” sobre el modelo impuesto por el artículo 1º del Plan de Iguala, documento fundacional del México libre, que dispuso que la nuestra sería una nación intolerante a cualquier otra religión distinta a la católica.
Resulta notable pero ilustrativo que ese fundamento constitucional haya estado vigente hasta la década de los 70 del siglo XIX, cuando se reconoció, por medio de una reforma a la Constitución de 1857, la libertad de culto para los mexicanos. En otras palabras, todos nuestros textos constitucionales entre 1821 y 1857, independiente de su sustento político, confirmaron la prohibición impuesta a los habitantes del país de creer en algo distinto a los dictados de la Iglesia católica.
Así, a lo largo de nuestro siglo XIX, se podía ser federalista o centralista, juarista o francófilo, pero no se podía ser otra cosa que no fuera católico. ¿Asfixiante, no le parece?
Son muchas las cosas que el mundo debe a los forjadores de la Constitución de Estados Unidos en el siglo XVIII, pero es una de sus aportaciones conceptuales la que mejor debemos entender en el México del siglo XXI: sin libertad de credo, no hay libertad de pensamiento y, por lo mismo, no hay libertad de expresión, pues si no se permite disentir de un credo, tampoco se permite reflexionar acerca de las alternativas al mismo y compartir esas reflexiones con los demás. Tener diversas visiones acerca de la divinidad, lo que incluye por supuesto no creer en ninguna, es el fundamento de una sociedad democrática e incluyente.
Prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo obedece a una moral católica extrema que debe ser respetada, pero sólo como una entre muchas maneras de entender el mundo y la forma en la que nos comportamos en él.
Es decir, una sociedad plural como la que los mexicanos queremos, es una que permite que la visión católica que no aprueba este tipo de uniones, conviva en santa paz con otras muchas para las cuales ese tipo de uniones están permitidas. Una sociedad democrática, como la que los mexicanos queremos, es una en la que las leyes y no una doctrina religiosa, permiten tanto a los que creen en las uniones heterosexuales, como a los que creen en las uniones homosexuales, decidir con quién quieren vivir.
Sin libertad de credo, no hay libertad de pensamiento y sin libertad de pensamiento no hay democracia posible, pues sólo la libertad de opinar y pensar da origen a la libertad de disentir legítimamente y actuar en consecuencia, incluso por la vía electoral.
Por eso es que pluralidad que cobija la libertad de credo, en la que México se está iniciando históricamente, muy a destiempo por cierto, es la base de una sociedad que respeta los derechos de todas y todos y, en especial, los que consagran la libertad de vivir la vida que uno elija vivir.
Por eso debemos apoyar cualquier esfuerzo que, como el que propone permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, hagan al país más plural, más rico en formas de ser y de pensar. No hacerlo sería tanto como volver atrás 500 años. No merecemos ese retroceso que es el paso previo a prohibir creencias, opiniones y conductas con violencia y con odio asesino, con armas semiautomáticas de asalto, como al menos cuatro mexicanos vivieron en carne propia en Orlando, Florida.
Socio director del Centro por un Recurso Efectivo.
@carpervar
