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En la multinominada película El renacido, se establece una diferencia que explica no tanto las diferencias de dos países como el choque de dos derechos. En la pantalla, mientras los franceses viven a caballo, patrullando el bosque, los ingleses sobreviven al clima y los ataques extremos encerrados en un fuerte. Así, parece sugerir la película, mientras Francia representa el ejercicio de la libertad, los ingleses privilegian a la seguridad.
El contraste ilustra bien el dilema generado por la tensión permanente entre libertad y seguridad.
Extendiendo la licencia alegórica: ¿preferimos vivir en el bosque a nuestras anchas, con los riesgos, osos y peligros que eso encarna o bien, preferimos ganar en seguridad a costa de nuestra autonomía, aceptando restricciones a nuestro actuar?
La propuesta reciente del pre sidente francés François Hollande, para extender el estado de emergencia por cuatro meses más, impacta justo en el vértice que une los cuernos del dilema.
Y es que aunque parece razonable que después de lo vivido por los habitantes de la capital francesa el 13 de noviembre pasado el gobierno tome medidas para prevenir que algo similar vuelva a suceder, también parece razonable que las personas deseen vivir su vida sin las restricciones que un estado de excepción exige, como la práctica de cateos policiales sin orden judicial, por ejemplo, andar a sus anchas por el bosque, en suma.
El primer ministro Manuel Valls justificó la medida: al menos una persona fue detenida gracias al estado de excepción. Faltaría saber si esa persona fue declarada culpable tras sujetarla a las exigentes reglas del debido proceso, garantía que se deriva de los principios básicos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aportación enorme de Francia al mundo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando rutas argumentales para solucionar el dilema, ha señalado que la seguridad es también un derecho humano y, como tal, genera obligaciones jurídicas concretas para que los agentes del Estado lo hagan efectivo, entre las que se encuentra la toma de medidas necesarias para armonizar o, al menos atenuar, la afectación a otros derechos que produce la búsqueda de seguridad.
Así, por ejemplo, debe exigirse que tras usar la fuerza con base en facultades excepcionales, el Estado debe estar listo para reparar integralmente las violaciones que haya cometido indebidamente mediante medidas punitivas de satisfacción, de rehabilitación, de restitución, de compensación y de no repetición que resulten lo suficientemente onerosas para incentivar al Estado a actuar en forma impecable siempre que tenga que actuar excepcionalmente. Seguridad sí, en suma, pero privilegiando las libertades y reparando punitivamente los abusos.
Socio Director del Centro por un Recurso Efectivo, A.C.
Twitter @carpervar
