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El SIPOT (Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia) podrá ser consultado por cualquier persona a partir de las 0:00 del día 5 de mayo. El Banco de México informó que el día previo concluyó satisfactoriamente con la carga de las obligaciones de transparencia que establece la Ley General, primordialmente, en el artículo 70, que son las genéricas para todos los sujetos obligados y que contiene 48 fracciones. Las obligaciones contenidas en dicho numeral sumadas con las específicas de otros artículos hacen un total de 382.
La Presidenta del INAI, Ximena Puente, informó que al tres de mayo a las 10 horas se contaba con 45 millones de registros y alrededor de 500 millones de datos en el SIPOT e invitó a más de 8 mil sujetos obligados a concluir la incorporación de la información en la Plataforma. Aproximadamente el 10 por ciento de los sujetos son federales y el resto de las entidades federativas y municipios.
Durante el último año, se llevó a cabo un trabajo intensivo para traducir una obligación legal en actividad administrativa concreta y eficiente. Primero, se elaboraron los lineamientos correspondientes con un proceso que involucró la participación activa de los sujetos federales obligados y de revisión en el seno del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales; segundo, se llevó a cabo un proceso de difusión y capacitación por los órganos garantes, y tercero, cada sujeto obligado revisó, actualizó, homologó y complementó sus sistemas de información para poder generar los datos suficientes para hacer el registro en la Plataforma.
Esta labor que se pretendía concluir el 5 de noviembre pasado tuvo que prolongarse seis meses, que concluyen hoy, en razón a la imposibilidad de que las organizaciones adaptaran sus formatos a los exigidos por el SIPOT, completaran la información relacionada con 170 obligaciones nuevas, transformaran, en su caso, los documentos físicos en electrónicos (escaneado), ligaran el portal institucional con el diseñado para la Plataforma Nacional y cargaran los archivos y, previa verificación de los archivos, se generaran los registros.
Hace un año, en este espacio, comenté que con la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se creó un impase de la transparencia en la que existieron plazos fatales y que esto exigía una labor ardua durante seis meses para armonizar la información de los más de 800 sujetos obligados en el ámbito federal. Sin embargo, para demostrar que dicho plazo impuesto por el legislador había sido insuficiente, en noviembre pasado hice una numeralia para dimensionar la gran cantidad de trabajo administrativo que faltaba por llevar a cabo relacionado con la implantación del nuevo paradigma de la transparencia de divulgación de la información pública, que mañana verá sus primeros frutos.
El SIPOT se ha convertido en una referencia recurrente de muchos servidores públicos en las últimas semanas. Mucho de su tiempo laboral lo han dedicado a diversas actividades relacionadas con la incorporación de la información a la Plataforma. Hay un compromiso institucional con la transparencia en los sujetos obligados, pero también existe la necesidad de rediseñar procesos de generación, obtención, adquisición, transformación, guarda y archivo de información. Esto último es una tarea permanente que permitirá aumentar el grado de homogeneidad en las condiciones del ejercicio del derecho al acceso a la información pública.
Este primer ejercicio nacional hacia un gobierno abierto es destacable. El 5 de mayo inicia una nueva etapa en la que con los millones de datos a disposición de las personas en la Plataforma Nacional harán un análisis más preciso del desempeño de las organizaciones públicas. Esto es un paso básico para implantar procesos de mejora continua y revisión de la calidad de la información que generan los sujetos obligados. Los procesos de actualización en la Plataforma será una práctica que retroalimentará la acción del sector público en los tres niveles y tendrá un reflejo en una mejor y más oportuna respuesta hacia la sociedad civil.
Profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte
