La metástasis de la corrupción en México ha llegado a tal punto que pudre hasta a las instituciones encargadas de investigarla. En días recientes hemos leído sobre varios casos de esta alarmante putrefacción:
El 15 de mayo, representantes del movimiento @ahora_MX denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional Electoral a OHL y al PRI por financiamiento ilegal a la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pidió a OHL que precisara la inexistencia de conductas irregulares de su parte. OHL dijo que se porta bien y asunto terminado (#RompeElCiclo).
El 19 de mayo, José Antonio González Anaya, titular de Pemex, dijo que el combustible robado por los huachicoleros que perforan ductos de la petrolera mexicana, es comprado con descuento por gasolineras formales y grandes empresas. Hay una colusión de facto de funcionarios públicos, crimen organizado y empresarios privados. Más aún: la Procuraduría Federal del Consumidor difundió que 38 de cada 100 gasolineras venden litros incompletos y/o alteran los precios en el despacho de combustible.
El 24 de mayo EL UNIVERSAL informó que diez organismos civiles mexicanos dejaron la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), de la cual México es fundador, después de denunciar espionaje del gobierno de EPN contra impulsores del impuesto a las bebidas azucaradas. El espionaje a activistas lo impulsó el gobierno para favorecer a refresqueras. Una vez más, la PGR ha dejado de investigar y los responsables permanecen impunes.
Asimismo, tras la creación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, abundan las maniobras políticas para convertirlo en una burocracia sin dientes. Se quiere ahogar una iniciativa virtuosa antes de que ésta despunte. En México los actos de corrupción son asumidos como algo normal. Los empresarios estadounidenses, canadienses, europeos que invierten en México aprecian de manera especial un rubro del TLCAN: la aplicación de disciplinas externas para cumplir contratos y proteger inversiones.
El ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, explica los tres pasos cruciales para la gestación y consolidación del cluster automotriz con inversión estadounidense, alemana y japonesa en el Bajío: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho.
El imperio de la ley y el ejercicio de derechos que con frecuencia se quedan en letra muerta sigue siendo una asignatura pendiente en buena parte del territorio nacional. Los poderosos tienen sus propias bancadas en el Congreso, compran jueces, cooptan a los órganos reguladores o simplemente no pagan las multas cuando no los pueden comprar.
¿Qué hacer?
Aunque hay una gran nube de incertidumbre sobre la factibilidad y viabilidad misma del proceso de renegociación del TLCAN, es imperativo explorar más allá de la agenda estrictamente comercial, para expandirla hacia temas que nos ayuden a enfrentar la desesperanzadora indolencia y el cinismo sin límites de la clase política mexicana.
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), ahora convertido en el TPP-1 por la salida de Estados Unidos, incluye un capítulo (el 26) sobre Transparencia y Anticorrupción, con disposiciones vinculantes y susceptibles de sanción en caso de incumplimiento; debe incluirse en el texto del TLCAN renegociado. El Acuerdo México-Unión Europea puede ser complementado igualmente con disposiciones de este tipo.
Posdata: saludo el anuncio del senador Romero Hicks en el sentido de que se apunta para la carrera presidencial. En un país donde la reserva ética es muy escasa, él y Emilio Álvarez Icaza dan testimonio de honestidad.
Profesor asociado en el CIDE.
@ Carlos_Tampico
