La crisis de derechos humanos que vivimos los mexicanos se está agravando. El gobierno se dice abierto al escrutinio internacional, pero cuando los informes de relatores y expertos difieren de su narrativa, los hostigan y dificultan sus investigaciones.
La CIDH advierte del peligro de una regresión al México autoritario. Su advertencia es pertinente y perentoria. El autoritarismo es la imposición de la voluntad de quien ejerce el poder. El Estado autoritario mexicano es débil frente a poderes fácticos como oligarcas, mirreyes y capos depredadores, pero obstruye o destruye a quienes señalan su corrupción e impunidad.
Las muestras de la regresión autoritaria se multiplican:
1. México ocupa el primer lugar a nivel internacional en el abuso sexual contra menores. Cada nueve minutos una mujer es violada. En el caso de Los Porkys en Veracruz, el desgobierno del priísta Javier Duarte protege a los violadores de la joven Daphne Fernández.
2. Suman 65 mil 209 homicidios dolosos del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2015. El Estado de México, donde fue gobernador EPN y sigue el PRI, encabeza esta macabra lista con 8 mil 845 muertos.
3. El secuestro y la indefensión ciudadana aumentan. Tamaulipas es el estado con el mayor número de secuestros y los policías peor remunerados, pero el gobernador Egidio Torre asegura: ‘aquí no pasa nada’.
4. El incremento de la pobreza. La CEPAL señala con datos del gobierno de México que la pobreza aumentó 2.9% por año entre 2010 y 2014; a la Sedesol no le gustan los resultados y quiere enmendarle la plana.
5. La deportación sin precedentes de menores no acompañados en la frontera sur. Aunque cuenta con el marco legal para alojarlos, el gobierno mexicano devuelve sistemáticamente a menores hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que cruzan solos, huyendo de su lugar de origen para salvar su vida.
6. El acoso contra el GIEI. El gobierno de México acordó con la CIDH de la OEA, la formación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Cuando las pesquisas de los expertos no concuerdan con la ‘verdad histórica’ del gobierno, se desata una campaña de difamación en contra del GIEI.
7. La averiguación previa contra el secretario ejecutivo de la CIDH: ‘Ni en el Perú de Fujimori, ni en la Venezuela de Chávez hubo el precedente de una averiguación previa contra un secretario ejecutivo de la CIDH’. La PGR le da entrada a una denuncia temeraria e infundada en contra de Emilio Álvarez Icaza y la deja como ‘espada de Damocles’ sobre su cabeza.
8. La calumnia contra defensores de derechos humanos, como el Centro ProDH, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DH, y el Centro de Justicia Internacional; Juan Méndez, el relator de la ONU contra la tortura; y contra Mariclaire Acosta, Miguel Sarre, Fernando Coronado, Pilar Noriega, Juan Carlos Gutiérrez, Alejandra Nuño, Sergio Méndez y Paulina Vega.
Finalizo con tres instantáneas:
a) Los dialoguistas dentro del gobierno federal han ido perdiendo terreno frente a los partidarios del endurecimiento político —y aún faltan dos años y medio;
b) La negación de la grave crisis de derechos humanos sólo lleva al gobierno a encerrarse en sí mismo, mientras voces como Carmen Aristegui y Emilio Álvarez Icaza gozan de una alta credibilidad;
c) Los más altos funcionarios del régimen autoritario mexicano se niegan a romper el ciclo de impunidad con que se protegen a sí mismos. ¿Hasta cuándo?
Posdata. Mi grato recuerdo de muchas conversaciones inteligentes con Fernando Solana.
Profesor asociado en el CIDE
@Carlos_Tampico