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La gran mayoría de los mexicanos no nos hemos dado cuenta de la magnitud de la crisis en Guatemala, Honduras y El Salvador. Allí se combinan una prolongada sequía; la violencia de maras y pandillas; una economía extractiva, maquiladora y depredadora; la muy extendida corrupción gubernamental, y la altísima vulnerabilidad de los Estados frente al crimen organizado.
Migrantes invisibles, violencia tangible, se titula el informe 2014 de la red de organizaciones defensoras de migrantes. El triángulo del norte centroamericano expulsa personas que son maltratadas en México, país de tránsito e incipientemente de destino; rechazados en Estados Unidos, principal país de destino, y repelidos en su propia tierra tras su retorno forzoso.
Tenemos, a querer o no, un destino compartido. Nada de lo que ocurre en Centroamérica nos es ajeno.
La política exterior empieza con los vecinos. No debemos permitir que la política migratoria mexicana se reduzca a un enfoque policíaco que equipara a solicitantes de asilo y refugio con criminales. Es imperativo que despleguemos una iniciativa de cooperación de gran calado con Guatemala, Honduras y El Salvador. No lo han sido el Plan Puebla-Panamá, ni el Proyecto Mesoamérica, ni la Alianza para la Prosperidad de Obama y Biden, que una y otra vez le echan dinero bueno al malo.
La construcción de infraestructura física es indispensable, pero hoy urge la regeneración del tejido social e institucional mediante acciones estratégicas:
1. Garantizar la vigencia del non-refoulement. Este principio prohíbe a un Estado deportar a un solicitante de refugio o de asilo a territorios donde hay riesgo para su vida o su libertad. El informe Mujeres en fuga, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), describe cómo mujeres centroamericanas y mexicanas están huyendo a Estados Unidos, orilladas por extorsiones y por la leva forzosa de niños y jóvenes por parte del crimen organizado, entre otros factores. Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong podrían formular un compromiso conjunto para que los agentes migratorios mexicanos y las delegaciones estatales de ambas secretarías se encarguen de que los desplazados centroamericanos sean atendidos y escuchados.
2. Invertir en becas para la formación de los jóvenes centroamericanos, en universidades y politécnicos públicos y privados de todo México. Hace años, aquí se formaron decenas de miles de ingenieros, científicos, médicos, abogados y técnicos centroamericanos. Más que un gasto, esta es una apuesta por el futuro: cada uno de ellos será un embajador de México en su país de origen.
3. Apostar al desarrollo local, apoyando las iniciativas de base de los propios centroamericanos, movilizando sus propios recursos. Las empresas mexicanas que operan en el istmo saben que el consumo y la expansión del mercado interno dependen de la capacidad de generar valor a nivel local, algo que no hacen las remesas. Ello significa dejar atrás la dependencia de las transferencias de efectivo y la ayuda externa, para avanzar hacia el fortalecimiento de capacidades productivas y el aprendizaje de nuevas habilidades.
No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Cooperación no es ayuda: significa trabajar juntos. En la conferencia internacional ‘La política migratoria mexicana hacia Centroamérica’, convocada por el CIDE, el CIESAS y el COLEF (http://www.colef.mx/evento/la-politica-migratoria-mexicana-hacia-centromerica/?lang=es) nos proponemos, junto con nuestros colegas guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, contribuir a la construcción de una nueva agenda, orientada a promover sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo sostenible.
Profesor Asociado en el CIDE.
@Carlos_Tampico
