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El pasado 30 de enero el Senado de la República integró el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de la manera siguiente: Jacqueline Peschard Mariscal como presidenta (1 año), Mariclaire Acosta Urquidi (2 años), Alfonso Hernández Valdez (5 años), José Octavio López Presa (3 años) y Luis Manuel Pérez de Acha (4 años).
Conforme al artículo 113 de la Constitución este Comité estará conformado por ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o el combate a la corrupción. El presidente no solo formará parte del Comité Coordinador del SNA, sino que también lo presidirá, teniendo como función primordial establecer los mecanismos de coordinación con los sistemas locales, promover al igual que determinar mecanismos y políticas en la materia, así como elaborar un informe anual de los avances y resultados.
En la Ley General del SNA se establece que el presidente del Comité Coordinador será quien dirija el Comité de Participación Ciudadana. Este último será la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del SNA y será quien podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos, cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública, así como requerir a las autoridades competentes información sobre el asunto de que se trate.
El Presidente del Comité tiene entre sus principales funciones la de proponer el nombramiento del Secretario Técnico, quien deberá tener experiencia en las mismas materias que los integrantes del Comité Ciudadano y tendrá que iniciar sus funciones 60 días después de la instalación del mencionado Comité. Quien por la naturaleza de sus facultades y debido a la información a la que tiene acceso, se comprometerá a ser una persona íntegra, de no ser así podrá ser removido a consideración del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva.
La ruta continúa con el nombramiento del fiscal anticorrupción (en proceso en el Senado y destaca como candidato el ex-presidente del TFJA, el magistrado Manuel Hallivis, quien participó activamente en las reformas constitucionales de la materia) y de los magistrados de la tercera sección de la sala superior y las cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, asi como la designación del representante del Consejo de la Judicatura Federal en el Comité Coordinador del SNA. En este camino también se encuentran las innumerables reformas que habrán de llevarse a cabo en las legislaturas locales y la emisión del nuevo reglamento interno del TFJA.
Otro paso es la creación dela Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, organismo público descentralizado que se encargará de dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno emitidas por el propio Comité. Son muchas las acciones pendientes, algunas en curso, para llegar a la meta, que es contar con una herramienta que sirva para terminar con las malas prácticas que tanto mal han hecho al país durante tanto tiempo, como es la corrupción.
La reforma constitucional y la promulgación de la legislación reglamentaria correspondiente son el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción adaptado a un sector público con una nueva paraestatalidad -aquella que se ha ido fortaleciendo fuera de la dirección del Poder Ejecutivo-. Los nombramientos y la creación de las instancias administrativas ejecutoras representan los cimientos sobre los cuales se erigirá el Sistema que empezará a operar a finales de este año, la Ley General de Responsabilidades Administrativas inicia su vigencia el 18 de julio próximo, y se consolidará en 2018.
Hay mucho trabajo por llevar a cabo. La conformación de plataformas de datos robustas con la información que proporcionen los cerca de 200 integrantes del Sistema, registrada y manejada con criterios homogéneos es la meta inmediata. El primer resultado concreto y es importante por su naturaleza no punitiva, sino preventiva y disuasiva de la comisión de actos de corrupción. Falta mucho por hacer, pero estamos en ruta con la colaboración directa de ciudadanos expertos en esta materia.
Profesor de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte
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