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El proyecto de constitución de la Cdmx está en proceso de revisión. Los constituyentes y la ciudadanía en general pueden formular reservas al mismo hasta el 30 de octubre, mismas que serán debatidas durante los próximos tres meses en las comisiones y en el pleno de la Asamblea. Una de las mayores preocupaciones externadas por académicos y periodistas es la relación de los nuevos derechos humanos económicos, sociales y culturales (DESC) con la realidad financiera de la Cdmx.
La esquizofrenia es una enfermedad mental en la que uno de los síntomas es que la persona que la padece escucha, ve o siente cosas que se originan en el interior de su propio cerebro y que aunque él las vive como si fueran reales no lo son. Esto puede ocurrir con el derecho cuando no hay una relación suficiente con una realidad económica.
El síntoma más evidente de la “esquizofrenia jurídica” es que la persona que posee un derecho lo exige hasta sus últimas consecuencias, incluso obtiene sentencias favorables, sin que el cumplimento de las mismas sea posible por la falta de recursos para satisfacerlo.
Utilizo esta alegoría para resaltar la inconsecuencia política en el largo plazo de reconocer derechos humanos sin el suficiente sustento económico para hacerlos efectivos. La circunstancia de que sólo un porcentaje de la población goce realmente de los derechos por cuestiones presupuestales genera desilusión social, clientelismo y cinismo político de los grupos organizados que si obtienen los beneficios.
Es previsible que la mayoría de los constituyentes apruebe la ampliación de los derechos humanos relacionados con la ciudad educadora y del conocimiento, solidaria, productiva, e incluyente ¿quién no desea que todos los habitantes de este espacio geográfico accedan a los servicios de salud de la más alta calidad, tengan una renta mínima garantizada o reciban una vivienda digna? Es difícil imaginar que alguien se oponga a esta ampliación formal de los derechos humanos indispensables para igualar sustancialmente a hombres y mujeres. El prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila.
Hay que resaltar que el proyecto no es un simple ideario, como algunos columnistas lo han señalado, sino que establece límites precisos al ejercicio de los DESC. La autoridad sólo está obligada a cumplirlos “hasta el máximo de los recursos públicos que dispongan, es decir, el derecho termina simultáneamente al agotamiento del presupuesto, que es poco y sujeto al monto que asigne el Congreso de la Unión al fondo de capitalidad, la capacidad recaudatoria de la Cdmx o las posibilidades de endeudamiento de la misma.
La promulgación formal de un derecho aumenta la demanda social de éste, ya que cualquier habitante de la Cdmx tiene legitimidad para exigirlo vía administrativa o judicial. Sin embargo, este acto jurídico no genera ipso facto la oferta. Ello crea una situación de desequilibrio, que consiste en que sólo un porcentaje del total de la población, frecuentemente reducido, recibe el beneficio y la mayoría sólo cuenta con la expectativa de recibirlo algún día, cuando haya recursos suficientes.
Además, si consideramos que el recurso es escaso, la probabilidad de que se aumente la oferta en el corto plazo es baja y, en el caso de las obligaciones a futuro, como son los apoyos económicos a personas en situación de retiro laboral, la viabilidad actuarial es nula, entonces, se puede provocar el fenómeno esquizofrénico mencionado. Muchos derechos, incluso avalados con una sentencia de un juez protector de los derechos humanos, pero de imposible cumplimiento por la autoridad. Dos realidades distintas: la jurídica y la económica, irreconciliables que provocan el espejismo de contar con un derecho formal que en realidad no existe debido a que su cumplimiento se difiere indefinidamente.
Este es un elemento que deben tomar en cuenta en los debates los constituyentes para evitar emitir un documento reconocido, aún más alabado, por su contenido progresista, pero que no tiene la virtud, por sí sólo, de modificar la estructura económica de una sociedad. Ese puede ser el origen de la sensación de que el proyecto es altamente “aspiracional” y poco realista. El constituyente debe ser capaz de transmitir un mensaje distinto a la sociedad. Ese es el reto.
Profesor de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx
