El 15 de septiembre el Jefe de Gobierno presentó el proyecto de constitución al Constituyente en la Casona de Xicoténcatl, en donde alrededor de las 11:00 a.m. inició el proceso de discusión y aprobación de ésta.
En el mensaje que acompañó a la designación de los seis constituyentes que le correspondían conforme lo estableció la reforma de la Ciudad de México, expresó “son hombres y mujeres libres de pensamiento, de convicciones en favor de la Ciudad de México, que era lo que a mí me importaba, … trabajemos por el bien de la ciudad, por lo mejor para la Ciudad de México y, por supuesto, que prevalezca el diálogo y el debate” (El Universal, 14-09-16).
Lo peor que puede pasar es que se trace una línea entre los progresistas y los reaccionarios, entre los conservadores y quienes desean recuperar el aliento democrático en México, entre quienes apoyan incondicionalmente el texto redactado por personas como Porfirio Muñoz Ledo, que están más allá de las visiones de corto plazo, y quienes los critican por ser representantes de intereses obscuros. Ese tipo de actitudes no contribuyen al diálogo y debate al que ha convocado el constituyente permanente federal, mediante el mandato para que se integrará una asamblea plural, ni al que invita Miguel Ángel Mancera.
Las discrepancias serán numerosas. No hay duda. Tal vez, habrá diputados constituyentes que representen intereses “obscuros”, pero yo no me atrevería a señalar a alguno de estos imaginarios caballos de Troya, porque dicha imputación es una calumnia sin pruebas. Estoy seguro que la inmensa mayoría de ellos acude de buena fe, a debatir desde su ideología, experiencia y formación profesional, por el bien de la Ciudad de México del futuro. En una ciudad de avanzada, la más plural y cosmopolita, la unanimidad en la votación o el silencio sería sospechoso.
El perfil de los constituyentes es altísimo. Integran la asamblea los dos primeros senadores de oposición en la Ciudad de México, expresidentes del Senado, exgobernadores, excandidatos a la Presidencia de la República, exsecretarios federales y locales, exdelegados, líderes históricos de los partidos políticos, una ministra en retiro, académicos reconocidos, activistas comprometidos, líderes sociales y sindicales, entre otros.
Este grupo de legisladores originarios para la Ciudad de México debatirán temas de la mayor trascendencia para la vida de los habitantes de esta región, pero también tendrán la oportunidad de establecer la agenda político-social-cultural-urbana-ambiental-económica-laboral y un largo etcétera de la República hacia el 2050.
Esto significa que sólo es un comienzo, que puede ser una repetición del fiasco de la Convención de Aguascalientes, en que la que el progresismo de las fuerzas militares que la sostenían se diluyó por el protagonismo de los caudillos, o un éxito histórico como lo fue el Constituyente de 1917 que fijó las líneas de la lucha pacífica de los grupos sociales organizados que paulatinamente conquistaron derechos sociales, económicos y culturales.
Un consenso previo al debate parlamentarios es improbable por la gama ideológica de los asambleístas y lo espinoso de la ampliación de los derechos que se propone. Es factible que este ejercicio resulte ser una nueva ingeniería constitucional, hay oficio político entre los líderes de los grupos, pero también existe el riesgo de que el producto sea un listado de buenos propósito porque hay que reconocer que el proyecto es ambicioso, polémico y su realización requiere muchos recursos.
Para muestra del grado de confrontación de visiones que pueden presentarse en el seno del constituyente son el reconocimiento de los derechos humanos a una ciudad productiva, en específico, aquellos relacionados con las personas trabajadoras no asalariadas que presten un servicio o vendan un bien sin relación de subordinación, con los prestadores de servicios, vendedores fijos (sic), semifijos (sic) y ambulantes y con las personas que realicen un trabajo sexual voluntario y autónomo. El proyecto de constitución propone que los primeros cuenten con derechos similares a los asalariados en materia de identificación, defensa gremial y certificación de capacidades, los segundos y terceros reconocimiento y protección a sus labores por ser actividades lícitas.
Para medir el grado de creatividad financiera que requiere la instrumentación de algunos derechos basta mencionar la propuesta de integrar un “fondo de pensiones y prestaciones para personas trabajadoras del sector informal a fin de contar con recursos que le brinden acceso a la protección social”.
Los trabajos del constituyente van a marcar una época. Muchos derechos humanos que se pretenden reconocer ya son parte de la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes o derivan de las recientes interpretaciones judiciales. La relevancia histórica que la aprobación de esta Constitución es similar a la inclusión de las garantías sociales en nuestro ordenamiento jurídico. Sólo queda desearles lo mejor en beneficio de nuestra querida Ciudad de México.
Profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte
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