Un promocional recuerda constantemente que los habitantes de la Ciudad de México estamos ante la oportunidad de ser parte del abandono del nombre del Distrito Federal y la ampliación de la participación ciudadana en los órganos de gobierno a través de las alcaldías. Más allá de ese spot “El Distrito Federal dejará de existir y se convertirá en Ciudad de México” poco se trata en la prensa escrita y en los medios de comunicación electrónica.
Esta semana, en las noticias metropolitanas, destaca la muerte lamentable de “Bantú”, el gorila del zoológico durante el viaje malogrado a Guadalajara para su apareamiento; el caos que se ha armado por la aplicación de la norma ambiental NOM-EM-167-SEMARNAT-2016 relacionada con los verificentros, que ocasionó su clausura (operaban el 70% el martes) y la consecuente ampliación del plazo para los automóviles con engomado amarillo; las lluvias en 6 delegaciones (próximamente alcaldías) y continuarán la precipitaciones pluviales, los bloqueos callejeros de los maestros de la CNTE, la presentación de los taxis híbridos y la sustitución de 31 microbuses por autobuses, los “socios” de Uber piden mejores condiciones de trabajo y la descompostura de más de 3 mil cámaras del sistema de video-vigilancia.
Poco o nada se menciona u opina, salvo algunas filtraciones, de los trabajos para la elaboración del proyecto de Constitución que presentará el Jefe de Gobierno al constituyente de la Ciudad de México, que iniciará sus sesiones el 15 de septiembre próximo (faltan escasos dos meses). Se intuye que este documento incluirá una gama amplia de nuevos derechos vinculada con la visión progresista del gobierno y un conjunto de garantías institucionales, que se traducirán en un mayor número de estructuras administrativas.
Seguramente, se crearán organizaciones locales a imagen y semejanza de las federales o, en su caso, se fortalecerán las existentes dotándolas de mayor capacidad de decisión y acción, tales como: órganos autónomos constitucionales, el tribunal de lo contencioso administrativo, el tribunal local de Conciliación y Arbitraje, organismos reguladores de la prestación de servicios públicos, entidades protectoras de los derechos como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la fiscalía general de la Ciudad de México, las instituciones de educación superior, las instancias electorales, entre otros.
Algo similar sucederá con la figura de las alcaldías, cuyas funciones, reparto de facultades con la instancia central y relaciones con la jefatura de gobierno. Es previsible que haya un crecimiento de las estructuras administrativas y para conocerlo con precisión hay que determinar los mínimos elementos de la organización de estos órganos colegiados e incluso, según algunas versiones, también habrá cambio en la competencia territorial de las delegaciones más grandes y pobladas como Iztapalapa y Gustavo A. Madero. Hay una relación estrecha entre más derechos y protección de los mismos y crecimiento de la administración. Toda nueva garantía requiere de una instancia burocrática que la promueva o verifique el respeto a la misma.
Por ejemplo, Diana Bernal, la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, que es una entidad federal que representa a los pagadores de impuestos en juicio, individual o colectivo, llama la atención sobre la necesidad de que exista en la Ciudad de México una voz institucional de los ciudadanos que los proteja de las autoridades fiscales locales, toda vez que en esta entidad federativa se pagan siete veces más impuestos en comparación con cualquier otra.
Tan cerca en el tiempo el inicio del debate legislativo en el Constituyente de la Ciudad de México y tan desapercibido el contenido del mismo. Seguramente, la Comisión Redactora de la Constitución está trabajando a marchas forzadas, pero también a puertas cerradas. Esto último se comprende en la medida que cualquier avance en derechos programáticos (aquellos que son extensivos a grandes núcleos sociales y representar algún tipo de erogación) debe considerar las cuestiones presupuestales. Cuando se otorguen facultades protectoras o garantistas a un ente público local debe tomarse en cuenta la fuente de financiamiento de los órganos que asumirán dichas responsabilidades.
Diana Bernal señaló que en la Ciudad de México un inmueble con valor de 2 millones de pesos paga por concepto de predial más de 16 mil pesos, es decir, prácticamente seis veces más en comparación con Monterrey. Los nuevos derechos no son meras abstracciones, sino obligaciones concretas que se traducen en presiones presupuestales, que acaba cubriendo el contribuyente. Es importante que estos temas se debatan públicamente y no tengamos que esperar hasta septiembre.
Profesor de Posgrado de la Facultad de Derecho Universidad Anáhuac del Norte
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