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El tema de los próximos días será el programa HOY NO CIRUCULA extendido a la gran Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Este será materia de debate –en algunos casos hasta fuente de conflicto- y modificará la vida cotidiana de numerosas familias que organizan su movilidad por la ciudad dependiendo de la disponibilidad de automóvil, ya sea por necesidad o comodidad. Tiene muchísimas aristas. Un botón de muestra es el que cita en su editorial El Universal (30-03-16) en “Cuautitlán Izcalli… decidieron de manera unilateral suspender el programa durante tres años ante la venta de calcomanías para circular diariamente y en apoyo a la economía familiar”. En los próximos días se empleará mucha tinta y tiempo aire en televisión y radio para comentar la noticia de que en la Comisión Ambiental de la Megalópolis se planteó homologar este programa.
¿Qué es esta comisión? Es un organismo de coordinación política constituido el 23 de agosto del 2013 entre el Gobierno Federal y los de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con el objeto de llevar a cabo la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la región que se extiende a las 16 Delegaciones y 223 municipios.
Los acuerdos que se adoptan en la mencionada comisión son productos de la buena fe y se acatarán en la media de las posibilidades de las entidades participantes, quienes tomarán las acciones necesarias para el debido cumplimiento dentro de la esfera de sus respectivas competencias. Por lo expresado, no extraña que después del anuncio del Jefe de Gobierno de la CdMx afirmará que va en esta entidad el HOY NO CIRCULA total, los gobernadores de Puebla e Hidalgo lo rechazaran y el de Morelos declarara que lo analizará.
En este contexto, todo lo que ha sucedido parece un juego de espejos en el que los gobiernos locales y microlocales hacen poco para mejorar la gobernanza en la ZMVM, ya que no existe ningún incentivo político para la integración de las políticas públicas, ni obligación constitucional estricta para hacerlo. Los mecanismos de coordinación son insuficientes y endebles cuando se requiere concertar estrategias de largo plazo o con alto riesgo electoral. Las decisiones tomadas en el seno de la comisión no son estrictamente jurídicamente vinculantes.
Según un estudio de la OCDE, en esta región se produce la cuarta parte del PIB, la quinta parte de la población la habita y el crecimiento económico promedia el 1.7% anual. Estas cifras comparadas, con otros países que pertenecen a esta organización, son bajas. Por lo tanto, la productividad per cápita pudiera ser superior, siempre y cuando mejorara la gobernanza en la ZMVA, es decir, hubiera certeza, homogeneidad y firmeza en las políticas públicas relacionadas con movilidad, medio ambiente, agua potable, drenaje, seguridad pública y desarrollo urbano.
La coordinación política es un estadio previo a la adopción constitucionalmente de una perspectiva metropolitana. La primera conduce a que la división social y la fragmentación política se perpetúen en beneficio de grupos de interés o individuos que se aprovechan de la falta de un sistema de transporte público integrado o de la carencia de políticas claras y compartidas de desarrollo urbano. En estas condiciones, los dimes y diretes entre los gobernantes de la zona se han institucionalizado y la demostración de este fenómeno está en sus declaraciones o “twitteos” recientes. La segunda apenas se contiene pálidamente en la norma política máxima.
De ahí la importancia de señalar que hay un aspecto de la reforma constitucional de la CdMx que puede generar un régimen jurídico que supere las carencias normativas actuales, en la medida que se conceden facultades al Congreso de la Unión para legislar en materias relacionadas con la zona metropolitana en su conjunto.
Hoy es posible emitir una ley general –jerárquicamente superior a las federales y estatales- que establezca criterios obligatorios para la uniformidad en las políticas públicas y la creación de organismos reguladores técnicamente especializados, con autoridad sobre los gobiernos locales y microlocales, responsables de la organización de todo lo relativo a la movilidad, el medio ambiente y el desarrollo urbano.
Una legislación de esta naturaleza pudiera sustituir el debate sobre qué vehículo debiera circular por otros que se refirieran a cuantos trenes suburbanos construir, cómo financiarlos, cómo integrarlos al sistema de transporte existente, cómo ampliar las líneas de metro, cómo disminuir los microbuses, chimecos o autobuses foráneos que son los principales medios para la movilidad, cómo integrar las vialidades, entre otros temas de mayor trascendencia en el largo plazo. A nadie beneficia el desencuentro entre las autoridades de la ZMVM y a todos perjudica el aislamiento que prevalece de las acciones de gobierno.
Carlos F. Matute González.
Profesor del Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte.
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx
