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Una condición afortunada de la economía mexicana en las últimas dos décadas ha sido la flotación del peso en el mercado internacional de divisas, que es lo que permite afirmar que técnicamente el aumento del valor del dólar con respecto a nuestra moneda no es una devaluación, sino un ajuste en el precio de los mercados y, por lo tanto, el peso no está subvaluado o sobrevaluado, sino en equilibrio con lo que alguien estaría dispuesto a pagar por él conforme a la oferta o la demanda. Esto explica, en parte, el efecto del desplome de las bolsas bursátiles orientales en la aumento del precio del dólar norteamericano.
¿Qué significa esta flotación? Simplemente que no hay ninguna autoridad que imponga unilateralmente valores monetarios a los bienes en un mercado o que su intervención sea marginal mediante lo que se conoce como precio máximo de venta al público o las tarifas de los bienes y servicios que ofrece el sector público, así como las facultades para evitar la concentración de mercados o prácticas que afecten al consumidor, en los términos del artículo 28 constitucional.
La estrategia de reducir al mínimo el uso del esquema de precios fijados por la autoridad ha reducido en forma significativa los susidios cruzados, que son propensos a transferir recursos, generalmente públicos, de grupos de menor ingreso a los de mayor, como el caso del subsidio a las gasolinas, que en el pico de los precios altos de las gasolinas ascendió a más de 100 mil millones de pesos, lo que provocó el aumento mensual de los combustibles para eliminarlo. Hoy el consumidor mexicano paga 80% más de lo que cuesta la gasolina en la costa del golfo de E.U. (El financiero, 7-01-16). La flotación elimina este tipo de distorsiones.
Una parte sustancial de la reforma energética es la liberalización de los precios de la energía y la posibilidad de que se fijen conforme al comportamiento del mercado. Esto no significa que se eliminen todos los subsidios, sino que éstos deberán ser focalizados a las familias con menores recursos –tal y como sucede en el suministro de energía eléctrica doméstica- y que exista la posibilidad que haya una reducción de los precios por dos razones: la mejora de los modelos de negocios a través de la competencia y el reflejo de la disminución de los precios internacionales del petróleo en el mercado nacional.
Lo primordial del marco regulatorio ya se modificó. El artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos y el cambio de la estructura del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en lo relativo a combustibles fósiles, que sustituyó la tasa porcentual sobre el precio por una cuota fija por litro son suficientes jurídicamente para la flexibilización del mercado. Con ello, la competencia en la comercialización de combustibles está permitida a partir del 1 de enero del 2016 y el impuesto no impacta directamente en el precio y se convierte en otro costo fijo no vinculado con el valor monetario, sino con el volumen de ventas.
En este contexto, el subsecretario Messmacher anunció que los gasolineros pueden vender abajo del precio máximo y que la factibilidad de una tarifa más atractiva es el efecto de la competencia entre numerosos franquiciatarios de Pemex. Aunque la variación de apenas 2 o 3 centavos que propuso es limitada y conservadora, la asociación de gasolineros reaccionó negando que existan condiciones de competencia para que haya una baja de los precios.
Lo anterior confirma que no basta la norma adecuada, ni el dogma de la libre competencia como factores suficientes para que haya un beneficio en el bolsillo de los consumidores. Hay que impulsar, provocar y, en algunos casos, imponer modelos de negocios orientados a la mejora de los comportamientos del mercado. La imposición por una autoridad parece un contrasentido en la lógica de este discurso, pero no lo es en mercados que tienden a ser oligopólicos. Los buenos propósitos deben acompañarse, por ejemplo, de medidas efectivas de la Comisión Federal de Competencia, en el caso que haya prácticas de colusión entre los comercializadores de combustibles para maximizar sus utilidades y no traducir las ventajas de la reforma energética en menores precios.
La apertura es un mensaje claro a los gasolineros de que es necesaria una revisión profunda del modelo de negocio y de los costos inherentes al mismo. La operación de una gasolinera en las condiciones actuales requiere de personal “propinero”, un empleado por cada dos o tres bombas que realiza un trabajo de bajísimo valor agregado y que cuesta al consumidor directamente con la propina e indirectamente por el sueldo que cobra a la empresa y que ésta repercute en el costo del bien. El precio fijo no generaba ningún incentivo para la modificación de la estructura de los costos, en cambio, la estrategia de precios máximos y competencia si lo ocasiona. Falta todavía para que se vean los beneficios de la reforma energética, pero estos seguramente no llegarán si la misma se limita al aspecto legal y a esperar que las doctrinas económicas se cumplan por si mismas por la simple fuerza del dogma y no se haga el trabajo que le corresponde a las autoridades de inducción y control del mercado abierto emergente. Bienvenida la flotación de los precios de las gasolinas y esperamos que sea acompañado de acciones de las entidades públicas competentes que traduzcan las ventajas de los comercializadores a mejores precios para los consumidores.
Profesor del INAP
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx
