El 20 de enero de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que transforma al Distrito Federal en el estado 32 de la República denominado Ciudad de México, que fue aprobada por una mayoría de 23 legislaturas, y mandó el decreto para su publicación al Presidente de la República y entrada en vigor de la misma.
La trascendencia de este hecho político-jurídico constitucional justifica un acto protocolario de promulgación que seguramente convocará el Ejecutivo Federal en días próximos. Este es un cambio histórico en la vida de los habitantes del Valle de México que modificará en el mediano y largo plazo las relaciones de poder entre las autoridades federal y local, cuyo propósito deseable es que impacte positivamente en el bienestar colectivo. El supuesto básico es que una modificación institucional de esta magnitud, sea el ciudadano común el beneficiario y que la apertura esperable de espacios de libertad y participación ciudadana se reflejen en una mejor prestación y distribución de los bienes y servicios públicos.
Sin embargo, las buenas motivaciones que el constituyente permanente expresó en este proceso en el que se otorga la autonomía constitucional a la Ciudad de México deben acompañarse de una estrategia política incluyente del gobierno y la oposición locales, así como de las autoridades federales y partidos nacionales. El anuncio del Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, sobre la integración de un grupo de 12 distinguidas personalidades que le ayudarán en la redacción del proyecto de constitución que debe presentar el próximo 15 de septiembre con la instalación del constituyente.
La autonomía plena de la Ciudad de México y su conversión en el estado 32 de la Federación es una base para construir una nueva relación entre las autoridades del gobierno central de la ciudad y las demarcaciones territoriales, ahora alcaldías conforme a la reforma, y entre los gobernantes la representación política, la sociedad civil y los ciudadanos. La primer tarea es la instalación del constituyente del naciente estado.
Con independencia de la intervención de la sociedad civil en la redacción de constitución, los transitorios de la reforma establecen que el constituyente será instalado por una mesa directiva integrada por los diputados de mayor edad y, agrego, con trayectoria política-profesional vinculada con la Ciudad de México.
Para la conducción de la sesión constitutiva de la Asamblea Constituyente, actuarán como Junta Instaladora los cinco diputados constituyentes de mayor edad. La Junta Instaladora estará constituida por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios. El diputado constituyente que cuente con mayor antigüedad será el Presidente de la Junta Instaladora. Serán Vicepresidentes los diputados constituyentes que cuenten con las dos siguientes mayores antigüedades y, en calidad de Secretarios les asistirán los siguientes dos integrantes que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades (séptimo transitorio del decreto).
El nombramiento directo de los ejecutivos federal y del todavía Distrito Federal de doce diputados y la posibilidad que los partidos políticos determinen las listas de los candidatos permite elucubrar sobre los posibles integrantes de esa mesa, todos ellos con méritos suficientes. No pretendo la exhaustividad sólo mencionar algunos nombres de personalidades que todavía son participes activos en la vida pública. Los refiero en orden de edad y filiación. Luis H. Álvarez (PAN, 92 años), Ifigenia Martínez (PRD, 91 años), Rosario Ibarra de Piedra (MORENA, 88 años), Augusto Gómez Villanueva (PRI, 86 años), María Elena Álvarez de Vicencio (PAN, 85 años), Fernando Solana (PRI, casi 85 años), Porfirio Muñoz Ledo (PRD, 82 años), Cuauhtémoc Cárdenas (Fundador PRD, 81 años), Jesús Silva Herzog (PRI, 81 años), Bernardo Batiz (MORENA, 79 años), Sergio García Ramírez (PRI, 78 años), Diego Fernández de Cevallos (PAN, 75 años), Jesús González Schmal (PAN, 73 años), Fauzi Hamdan (PAN, 73 años), Santiago Oñate Laborde (PRI, 73 años), Alfredo del Mazo González (PRI, 72 años), Nicéforo Guerrero Reynoso (PRI, 72 años), Demetrio Sodi de la Tijera (PAN, 71 años), Joaquín Álvarez Ordoñez (PRI), Fernando Ortiz Arana (PRI, 71 años), María de los Ángeles Moreno (PRI, 71 años), Javier González Garza (PRD, 71 años), Diego Valadés (70 años), . A esta lista pudiera válidamente agregarse a ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia, magistrados del Tribunal Superior de Justicia del DF, exconsejeros jurídicos del Gobierno de del Distrito Federal, ex directores de las escuelas o institutos de Derecho o Administración Pública en la ciudad, así como muchos otros que sin cumplir el requisito de más edad pudieran con méritos figurar en esta lista.
Los hombres y mujeres valiosos son muchos. La salud de los personajes, el interés particular en participar en este momento histórico y la orientación política que los gobiernos y partidos pretendan darle al constituyente de la Ciudad de México será quien determine la conformación de la mesa instaladora. El Presidente será el que cuente con mayor antigüedad. Nada está todavía definido. Seguramente, será lo mejor para nuestra ciudad.
Profesor del INAP
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