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La determinación de los precios de los bienes públicos es una cuestión de suma importancia social. Impacta en la economía de las familias en rubros esenciales como la salud, la educación y el transporte. El acceso al sistema de salud gubernamental y la disponibilidad de escuelas primarias y secundarias públicas es un complemento necesario al ingreso de la mayoría de la población. No es imaginable una sociedad que busca la igualdad entre sus integrantes, cuyo gobierno cancele los subsidios y transferencias de los grupos más favorecidos a los más pobres. El reto es que las políticas de precios públicos efectivamente sirvan para combatir la desigualdad social y no sea un elemento que la aumente.
Uno de mis amables lectores cuestiona legítimamente la procedencia de que el consumidor pague un precio superior por el litro de gasolina al que se cubre por el mismo bien en el extranjero. ¿Quién se queda con la diferencia entre el costo y el precio de venta del combustible? En un mercado monopólico la respuesta es sencilla: el fisco, PEMEX y los franquiciatarios. El primero obtiene recursos del impuesto sobre producción de servicios, que queda oculto en el precio debido a que no se desagrega en la factura que se expide al consumidor final y el tercero cobra la comisión correspondiente pactada, que puede ser fija, porcentual o un diferencial entre lo pagado a PEMEX y lo cobrado al consumidor. En cambio, lo que recibe PEMEX es más complicado de calcular por los regímenes fiscal, laboral y jubilatorio. ¿El precio máximo beneficia o perjudica? ¿Es preferible la flotación del precio?
Esto último tiene una doble arista. Si bien se supone que cuando el precio internacional baja el consumidor final se debe beneficiar, también lo es que cuando suba no debe haber subsidios al mismo. Teóricamente, esto haría más racional el consumo de energía. Sin embargo, esto no es correcto mientras haya un monopolio en la comercialización de las gasolinas, lo que provoca que el ahorro sólo pueda derivar de una mejora en el modelo de negocio de los gasolineros –limitado por definición- y que la política de precio máximo sea una fuente de subsidios, lo que generalmente beneficia a los grupos de altos ingresos.
La intervención de las autoridades en la fijación de los precios de los bienes públicos necesariamente genera distorsiones en el mercado que afectan o benefician al productor, comercializador o consumidor, dependiendo de la circunstancia. Una política equivocada de precios máximos, precios únicos y tarifas de la prestación del servicio público a cargo de gestores gubernamentales o privados puede disminuir la oferta y la calidad del bien o servicio, o aumentar la demanda en forma desproporcionada. La ausencia de intervención gubernamental en los precios públicos puede ocasionar concentración del mercado y exclusión permanente de grupos sociales.
Los ejemplos son múltiples. La tarifa cero, es decir, la gratuidad puede saturar y limitar la oferta a la disponibilidad presupuestal con lo que se castiga a todos aquellos que participan en la producción del bien o servicio –los profesores de las instituciones de educación superior públicas sin cuota de recuperación- y quienes no logran ingresar –los rechazados- que tienen que pagar por un servicio similar, sin que sus condiciones sociales sean distintas, ni sus merecimientos académicos menores.
La tarifa subsidiada genera un incentivo negativo a la oferta, puesto que cada vez que aumenta la disponiblidad del servicio ocurre lo mismo con el subsidio. Esto es lo que explica el lento e insuficiente crecimiento de las líneas de metro y el mal estado del mantenimiento. Además, la tarifa barata provoca la sobreutilización del servicio o el despilfarro (agua potable).
La tarifa obligatoria aplicada a una parte de los prestadores del servicio y la libertad en la fijación del precio a la otra porción provoca deterioro del servicio y reducción de márgenes de utilidad de los sujetos a un régimen estricto y ventajas competitivas a los liberalizados. Los taxistas se quejan de disminución del mercado y tarifas insuficientes que impiden el cambio de unidades y la mejora del servicio, mientras se reporta un crecimiento de las utilidades Uber y Cabify, que no requieren de concesión, ni están sujetos a una tarifa.
El precio del bien público alto o bajo siempre beneficia a alguien. Eso es una regla básica, pero el equilibrio de la oferta y la demanda, la mano invisible, no es garantía de que el resultado sea lo más conveniente socialmente. Lo anterior exige que los gobiernos sean capaces de responder con rapidez a las circunstancias de los mercados globalizados, so pena de acumular rezagos o generar mayor desigualdad social. El dilema de hoy: Los excedentes de una gasolina cara en relación al precio internacional no debieran financiar la extracción del petróleo costosa en relación a los precios desplomados. ¡Los consumidores de combustible en México subsidiando la exportación petrolera! Seguramente, habrá una reacción rápida.
Profesor de asignatura de El Colegio de México
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx
