La semana pasada, la Dirección General de Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana anunciaron, en la Secretaría de Gobernación, el acuerdo para modificar el sistema pensionario de los trabajadores sindicalizados de la empresa, misma que tiene dos componentes: la modificación del esquema de reparto (reservas colectivas) consistente en que extiende de 55 a 60 años la edad de retiro con 30 años de servicios para obtener una pensión al 100% para los trabajadores que con una antigüedad menor a quince años y se establecen las cuentas individuales para los trabajadores de nuevo ingreso o aquellos que migren voluntariamente. Con este convenio se cumple la condición de que el gobierno federal (con recursos presupuestales) asuma la tercera parte del pasivo laboral conforme a lo aprobado en agosto de 2014 en la reforma energética.
El primer componente se relaciona directamente con el sistema de reparto que consiste en que los trabajadores en activo y el patrón aportan a un fondo común para que con cargo a los recursos de las reservas que para tal efecto se acumulen se cubran las pensiones de los trabajadores en retiro. Este sistema genera derechos a los cotizantes a obtener una pensión una vez cumplidos los requisitos de edad y antigüedad e implica una solidaridad generacional. Con el transcurso del tiempo la población beneficiada envejece y la relación entre trabajadores activos/pasivos disminuye. A la fecha es casi dos a uno en Pemex lo que ha provocado que el fondo sea insuficiente.
Hay un déficit financiero crónico que significa que los ingresos de las aportaciones de los trabajadores en activo son inferiores a la nómina de pensionados, lo que orilla a utilizar los recursos de la empresa para el pago de la misma. También hay un déficit actuarial, que simplistamente es la suma del anterior proyectada al futuro y considera la evolución demográfica y de morbilidad de los trabajadores. El monto estimado de este pasivo laboral es de 1.54 billones de pesos, que representa más del 30 % del presupuesto federal aprobado para 2016 o más del 40% del ahorro acumulado en las afores (recursos registrados en éstas) en 23 años de existencia de las cuentas individuales SAR.
El segundo con la adopción del sistema de aportaciones definidas en una cuenta individual, que consiste en que cada trabajador ahorra para financiar su pensión al momento de su retiro y el monto de la misma depende de lo aportado, el interés de los fondos y la comisión cobrada por las afores. No hay solidaridad generacional y no se genera un pasivo laboral colectivo, salvo en las pensiones mínimos garantizadas.
En este sentido, se inscribe la declaración de Carlos Noriega Curtis, Presidente de la Asociación Mexicana de Afores, que considera que es un paso en la dirección correcta que los nuevos trabajadores de Pemex no se integren al sistema de reparto. Esto provoca que el déficit actuarial del fondo común se limite a cubrir las prestaciones de aquellos trabajadores que actualmente estén laborando en la empresa y, en su momento, cumplan con los requisitos de jubilación.
Lo anterior tiene un efecto positivo en el largo plazo, no obstante en el corto plazo aumenta el déficit financiero de la reserva colectiva que no tendrá cotizantes nuevos, toda vez que las aportaciones para el retiro de quienes en el futuro ingresen a laborar a PEMEX se depositaran en cuentas individuales y las pensiones se financiaran de la misma forma que la generalidad de los trabajadores mexicanos.
Sin embargo, el paso es insuficiente, ya que la modificación del sistema de reservas tiene un impacto reducido en el pasivo laboral de la empresa por las condiciones en que se pactaron. El aumento de la edad de retiro sólo se aplica a la mitad de los trabajadores, con lo que el crecimiento del déficit financiero continuará tasas aceleradas y éste será cubierto con recursos presupuestales. El efecto positivo se reflejará en 15 años, mientras tanto la SHCP asumirá una proporción de ese pasivo, estimado en 0.5 billones de pesos, pero la reducción exacta se conocerá hasta que se tengan los cálculos actuariales correspondientes.
El acuerdo empresa-sindicato en Pemex es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente e impreciso debido a que todavía no se cuentan con los estudios que determinarán con precisión el costo fiscal del “rescate” de la reserva colectiva de los trabajadores petroleros.
Profesor del INAP
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx