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No hay un consenso generalizado en cuales y/o cuantas deben ser las atribuciones del Estado, aunque todas las perspectivas coinciden en la necesidad de que realice directamente las esenciales. Desde una perspectiva liberal, la principal es la protección de los derechos humanos y la generación de un espacio de libertades para el desarrollo del individuo. En una visión social demócrata se promueve el intervencionismo estatal en la economía, especialmente en la inversión de infraestructura y la mitigación del conflicto social mediante el gasto en salud, educación, vivienda, seguridad social, entre otros y la promoción de derechos humanos sociales y culturales.
En todo caso, el Estado tiene como función primaria establecer el orden sobre el territorio que ocupa y para ello necesita allegarse de recursos provenientes de la misma sociedad para cumplir con sus atribuciones, ello con el propósito de lograr el mayor bienestar colectivo mediante el establecimiento y cobro de contribuciones. El ideal es, como en el juego de la pirinola, que todos pongan y todos tomen en forma equitativa y proporcional conforme a una norma general aprobada por un órgano colegiado con representatividad política democrática.
Las condiciones de desigualdad social en Latinoamérica convierten al sistema tributario y el gasto público en instrumentos de redistribución del ingreso en el que algunos ponen más, quienes poseen más recursos; y otros sólo toman, que debieran ser los grupos marginados del desarrollo. Sin embargo, eso no necesariamente sucede por la misma complejidad de las reglas impositivas y la globalización de la economía, que abren espacios a la evasión y elusión fiscales, en la que las empresas transnacionales pueden ser las beneficiarias, es decir, pongan poco y tomen mucho vía subsidios fiscales.
En este contexto, se inscriben las XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, que se llevan a cabo en la ciudad de México, por primera vez en más de veinte años, por el auspicio del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, presidido por el Magistrado Manuel Hallivis Pelayo, en las que los temas principales giran en torno a la internalización de la actividad económica y sus efectos en los procesos de recaudación de impuestos en nuestros países, que se ven afectados significativamente por estrategias corporativas de concentración de ingresos en lugares con baja carga impositiva (paraísos fiscales) o que aprovechan la multiplicidad de regímenes tributarios para reducir el costo fiscal de las operaciones. Hay que señalar que también existe el fenómeno de la doble tributación que afecta la productividad de los países de la región.
Estos actos académicos son especialmente importantes en un mundo globalizado en el que los precios de las materias primas (como el petróleo) han orillado a los Estados a emprender reformas tributarias y ajustes presupuestales para substituir con ingresos fiscales la caída de otro tipo de ingresos. No basta con la existencia de normas que pretendan que todos pongan y todos tomen, sino que éstas dispongan que esto suceda en la justa proporción y con respeto a los derechos de los contribuyentes. Esto es lo que se discute desde diversas perspectivas: la academia, la judicatura, la administración tributaria, la legislativa y el litigio.
Desde la visión de los gobiernos, a partir de las 15 acciones que propone el Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Impositiva y el Traslado de Beneficios (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS por sus siglas en inglés), hay una necesidad creciente de evitar que las estrategias de planeación fiscal de las empresas transnacionales tomen ventaja de las lagunas y desajustes de las reglas fiscales nacionales, pero en la óptica del abogado defensor del contribuyente los cambios fiscales que deriven de la misma generan incertidumbre jurídica. Este es uno de los temas más polémicos..
Desde la visión del juzgador, en la inauguración de las Jornadas el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, afirmó que al diseñar el pago de impuestos, el Poder Legislativo debe tomar en cuenta la existencia del llamado “mínimo vital”, el cual incorpora los principios constitucionales de equidad, proporcionalidad y legalidad tributaria, que consiste en que se debe respetar un umbral libre de tributación o un pago aminorado de dicho gravamen, con el propósito de permitir al contribuyente los recursos necesarios para su subsistencia y la de su familia o sus dependientes económicos. (El Universal, 10-11-2105).
Entonces, el equilibrio entre derechos del contribuyente, solidaridad social y eficiencia de las administraciones tributarias son las opciones de la pirinola fiscal, en la que todos deben poner y todos deben tomar con justicia, equidad y proporcionalidad. Eso es lo esencial de las Jornadas.
Investigador Honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx
