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En el Estado constitucional de derecho, el respeto y fomento de la autonomía del individuo es uno de los valores políticos fundamentales. Estas acciones no se deben reducir al pronunciamiento de un formulismo abstracto, sino que es necesario que provoquen que cualquier persona cuente con las garantías formales y goce de las condiciones materiales suficientes para ejercer efectivamente la libertad reconocida en la Constitución. La discriminación por cuestiones de género es una de las fuentes primordiales de la desigualdad social, que impera en nuestro país, y esta circunstancia es una de las causas que limita el ejercicio pleno de la libertad.
De ahí, uno de los principios éticos que deben guiar la actuación de los entes públicos gubernamentales y no gubernamentales en sociedades que padecen fuertes rezagos sociales es que deben contribuir significativamente a la superación de esta situación. Entonces una de sus obligaciones ineludibles es trabajar para la erradicación de la discriminación por cuestiones de género.
El sector púbico, en sus diversas expresiones organizacionales, y los servidores públicos en lo particular como individuos deben ser los principales promotores de la institucionalización de la perspectiva de género en el ejercicio de las funciones del Estado, en los programas gubernamentales y administrativos así como en las actividades económica y sociales, es decir, este enfoque de análisis y actuación ética debe impulsarse dentro y fuera de los entes públicos. Esto explica la importancia del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el presupuesto etiquetado para estas cuestiones y la transversalidad de los programas y acciones en materia de equidad de género, que buscan hacer efectivas las garantías formales y establecer condiciones reales de igualdad entre mujeres y hombres.
En ese sentido, las garantías formales en materia de equidad de género en las circunstancias actuales son necesarias y políticamente estimables para superar los rezagos y los tratos discriminatorios que sufren las mujeres y deben fortalecerse. Sin embargo, el ideal es crear y consolidar un ambiente social propicio y promotor de la igualdad de oportunidades en el trabajo, el estudio, la política y, en general, cualquier aspecto de la vida en comunidad para todas las personas sin que importe el género.
Cabe destacar el esfuerzo realizado en el sector público. Alrededor del 25% de las más de 200 organizaciones certificadas en el modelo de equidad de género del INMUJERES corresponden a entes públicos, incluyendo, ayuntamientos; poderes ejecutivo, legislativo y judicial; instancias de fiscalización, órganos constitucionales autónomos, tanto del ámbito Federal como estatal.
Uno de los retos de los próximos años es lograr que haya una auténtica equidad de género, a través del impulso de una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, pero particularmente en aquel en el sector público.
En los últimos años, hay una tendencia en diversos organismos públicos que promueve el fortalecimiento de una cultura laboral más igualitaria entre hombres y mujeres. La aplicación del modelo de equidad de género permite la revisión de las políticas y prácticas internas de las organizaciones y, con ello, detecta las circunstancias que provocan la discriminación de las mujeres. Así, con la base de un diagnóstico, es posible reorganizar y definir acciones para favorecer un ambiente de mayor equidad.
Las principales acciones que se han llevado a cabo conforme al modelo referido están vinculadas con la promoción de un balance entre la vida familiar y laboral; el fomento a la formación y desarrollo profesional; la mejora de las condiciones físicas de los espacios de trabajo/salud, así como del ambiente laboral; la capacitación (sensibilización) en temas de género, la protección a la maternidad y el reconocimiento de la paternidad; la inclusión del concepto de trabajo digno o decente; así como las prohibiciones en materia de discriminación y violencia; la prevención y atención del hostigamiento sexual, además de la corrección de los problemas de segregación ocupacional y el incremento del número de mujeres en mandos medios y superiores, incluyendo la igualación salarial respecto de puestos homólogos.
Si bien en los últimos años se ha avanzado en el fomento en las organizaciones públicas de una cultura laboral más justa, que promueva la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, aún es necesario impregnar con mayor fuerza la perspectiva de género en la ejecución de las funciones del Estado. Un imperativo ético del sector público es impulsar políticas de equidad de género como una de las estrategias para superar la desigualdad social derivada de la discriminación a las mujeres.
Investigador Honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx
